15 minutos duró el audio publicado por la periodista Michelle Mendoza. En ese lapso, el juez Fredy Orellana concedió a la fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Leonor Eugenia Morales Lazo, autorización para realizar los allanamientos en el Registro de Ciudadanos y en la Sede del Centro de Operaciones del Proceso Electoral del Tribunal Supremo Electoral. Las “pruebas” presentadas por la fiscalía eran, en realidad, publicaciones de distintos medios.
15 minutos bastaron para que el sistema electoral, establecido en 1983 por el Tribunal Supremo Electoral, presidido por el ciudadano Arturo Herbruger Asturias, fuera vulnerado por parte de los fiscales del Ministerio Público, en un claro abuso de autoridad y extralimitación de funciones. El audio también deja en evidencia que el titular de la FECI mintió cuando dio declaraciones a los medios luego que se dieran los allanamientos antes mencionados.
15 minutos bastaron para hacer patente que las intenciones del Ministerio Público han sido, desde un inicio, declarar las elecciones nulas debido a un supuesto fraude electoral que nunca existió, como queda manifestado claramente en el audio de marras. Las firmas falsas y los muertos han sido únicamente una excusa del MP para montar toda esta farsa de un supuesto fraude por parte de las decenas de miles de ciudadanos que voluntariamente dieron su tiempo libre para garantizar la transparencia de este proceso, tal como lo han hecho antes miles de ciudadanos que participaron, ya sea en la constituyente de 1984, las elecciones generales de 1985, 1990, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 y 2019, así como en las consultas populares de 1993 y 1999. Todos y cada uno de estos procesos electorales, asi como el realizado en 2023, han sido limpios y transparentes, gracias a la masiva participación ciudadana en los procesos electorales.
15 minutos nos dejan claro que quienes están detrás de todo este montaje para declarar nulo el proceso electoral 2023, son grupos radicales cuyo único interés es garantizarles a sus financistas un sistema que les permita mantener los privilegios que siempre han tenido. Hasta el más oficioso defensor de las acciones del MP con respecto de este caso, optó por escribir sobre arte, en vez de continuar, con suma diligencia, excusando (no se puede decir otra cosa) al ente encargado de la persecución penal en su actuar en este caso en particular.
15 minutos para darnos cuenta de que en Guatemala la persecución penal es y ha sido selectiva siempre, dependiendo de quién controla Gerona. Un ciudadano denuncia un presunto acto de corrupción (la entrega de una alfombra, persa seguramente, llena de dinero), y el caso es desestimado diligentemente por el Ministerio Público. Pero otro ciudadano denuncia un presunto fraude electoral con base en publicaciones de medios, y el mismo ente investigador mueve cielo, tierra y mar para realizar allanamientos y para declarar nulas las elecciones de 2023.
15 minutos para que un grupo de corruptos destruyan una democracia.