El Tribunal Supremo Electoral publicó hoy en el diario oficial el decreto en el que declara la conclusión del proceso electoral en el que resultaron electos tanto el Presidente y Vicepresidenta como los diputados y miembros de corporaciones edilicias de todo el país. Formalmente, entonces, el TSE oficializó los resultados de las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto de 2023, mismos que se declaran categóricamente como “inalterables”, poniendo fin así a la etapa en la que el ciudadano cumplió eligiendo libremente a sus autoridades para los próximos cuatro años.
Hubo mucha presión para prorrogar el período electoral, pensando que con ello se convertían realmente en inalterables, pero la ley establece con absoluta claridad que es competencia exclusiva del Tribunal Supremo Electoral la oficialización de resultados y que los mismos no pueden ser, de ninguna manera, alterados por alguna otra autoridad, léase el Ejecutivo, el Congreso, el Ministerio Público, un juez o la Corte de Constitucionalidad. En otras palabras, la prolongación del proceso únicamente hubiera significado que la cancelación provisional de Semilla no se diera como la ordenó el juez escogido por el MP, pero todo lo demás no puede ser variado, salvo que se concrete un Golpe de Estado.
El proceso para revisar la forma en que se organizan todos los partidos políticos es algo que deberá hacerse en el futuro para acabar con una serie de vicios que, tristemente, se generalizan por las disposiciones de nuestra legislación. El caso Semilla no es, en absoluto, único en el país y creemos sano enfrentar esos vicios tan extendidos.
Pero pocas veces en la historia del país se ha logrado un nivel de consenso tan amplio como el que prevalece respecto a la necesidad de garantizar la democracia y evitar cualquier abuso que se quiera cometer para desconocer la voluntad popular. No es un movimiento que reúna solamente a los pueblos originarios o a los empresarios, sino que se trata de una expresión que abarca a toda la población que se mostró cansada del deterioro del Estado de Derecho producto de la corrupción y la impunidad.
Obviamente, no cabe pecar de ingenuo pensando que con la resolución del TSE se acaba todo el problema y que quienes dirigen la corrupción se van a dar por vencidos; al contrario, se vienen días en los que esa unión ciudadana tendrá que vigorizarse para asegurar la defensa de la democracia y en eso, como bien nos dice el Popol Vuh, nadie puede quedar atrás. Todos los ciudadanos de buena voluntad pasan ahora a ser los garantes del mandato expresado en las urnas.
