No nos confundamos, los golpistas quieren mantener la incertidumbre sobre el proceso electoral. Pretenden que no estemos seguros de que efectivamente se podrán concretar los resultados de las elecciones.
Y, hasta ahora, lo han logrado. Muchísimos ciudadanos no se atreven a afirmar con certeza que quienes resultaron ganadores tomarán posesión de sus cargos en enero del próximo año. En cualquier otro proceso electoral de los que hemos tenido en la época contemporánea a nadie se le hubiera ocurrido tener tal duda.
Son parte de esta estrategia las airadas y grotescas conductas del Ministerio Público, así como las declaraciones de sus corifeos, los diputados del pacto de corruptos. La Corte de Constitucionalidad dio su aporte sustancial cuando en una de sus resoluciones gallo/gallina reconoció los resultados obtenidos “hasta ahora”.
Alimenta esta incertidumbre las múltiples especulaciones sobre cómo se ejecutaría ese supuesto golpe. Circulan versiones, de lo más detalladas, que anuncian los pasos concretos que en tal dirección se darían.
Sin dejar de considerar que, sin duda alguna, no debe bajarse la guardia de la defensa de la democracia a como de lugar, también es conveniente contrarrestar esa estrategia. Y, en esa dirección, deben promoverse decisiones y acciones que fortalezcan la certidumbre de que Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomarán posesión el 14 de enero.
En tal sentido, el liderazgo de Arévalo como el actual símbolo de la democracia es fundamental. En este momento, simpaticemos o no con él, su ascenso a la Presidencia es una bandera de la democracia, más allá de nuestras diferencias ideológicas y políticas.
En segundo lugar, aun sabiendo que el esbirro de las mafias político criminales pueda arremeter legalmente contra quienes resulten designados para altas responsabilidades en el nuevo gobierno, es menester que Arévalo de a conocer la composición de su equipo de gobierno. Y, lo correspondiente con esta decisión es que dichos futuros funcionarios se reúnan con los diversos y representativos liderazgos sociales para buscar los aportes que permitan una gestión equilibrada, pero con horizonte definido. Es cierto que dichos liderazgos quieren obtener compromisos del presidente electo, pero los equipos específicos, de acuerdo con las materias correspondientes, deben realizar esos acercamientos.
Lo anterior significa que la transición debe darse, pero no circunscrita a ese proceso amañando y burocrático de la entrega de cajas. La transición debe ser la preparación para superar el dominio de las mafias y la recuperación del Estado para la gente, no solo con relación a la corrupción y la impunidad, sino que en temas como el desarrollo, la economía, la educación, la salud, la infraestructura, etc.
Los medios de comunicación también deberían jugar un rol en estos propósitos de superar el imaginario inhibidor de la incertidumbre. Urgen noticias que le den prioridad a la discusión sobre lo que el gobierno electo plantee en esta etapa de transición, entendida en los términos anteriormente referidos.
Y, por último, el Tribunal Supremo Electoral puede aportar sustancialmente a lo acá planteado. Es urgente prorrogar el final del proceso electoral. Eso contribuirá a contrarrestar ese ambiente de incertidumbre. Las cuestiones pendientes de orden penal ya se verán en un nuevo escenario, con un nuevo entorno político, a partir del 14 de enero.
