Luego de tres semanas sin celebrar la instancia de jefes de bloque, los diputados agendaron tres iniciativas para tercer debate, aprobación por artículos y redacción final, las cuales fueron propuestas por la Junta Directiva y diputados oficialistas.
Entre estas se encuentra la iniciativa que busca reformar el Código Procesal Penal en el artículo 268 sobre la Cesación del encarcelamiento, además de la Ley de Exención a la Identidad Alianza Evangélica y la Ley Temporal de Desarrollo Integral.
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PODRÍAN SALIR DE LA CÁRCEL
Bajo la iniciativa 6185, sobre la Cesación del encarcelamiento, se dispone aprobar reformar el Decreto número 51-92 del Congreso de la República, presentado por los integrantes a la Junta Directiva (JD), Shirley Rivera, Sergio Arana, Hérber Melgar Padilla, Marvin Alvarado y Aníbal Rojas.
Dicha propuesta fue presentada en la dirección legislativa el 25 de enero de este año y se llevó al pleno el mismo día, el primer debate se realizó el 12 de abril y el segundo el 19 de abril pasado.
Entre las modificaciones que proponen está la cesación de encarcelamiento sobre acusados o imputados, que será aplicada por «cualquier delito» y aplicada en los siguientes casos:
Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o se considere conveniente su sustitución por cualquier otra medida.
Cuando transcurridos seis meses, contados a partir de la aprehensión del sindicado, no se hubiere llevado a cabo la audiencia de primera declaración.
Como consecuencia de la aplicación del Criterio de Oportunidad.
Cuando no se haya presentado el acto conclusivo correspondiente, en el plazo señalado por el juez competente en la audiencia de primera declaración del sindicado.
Con ocasión de haberse dictado cláusula provisional, sobreseimiento o se haya dictado sentencia absolutoria al procesado, mientras tales decisiones causan firmeza.
Cuando hayan transcurrido tres meses, contados a partir de la conclusión de la audiencia de etapa intermedia, no se haya llevado a cabo la audiencia del juicio oral y público y dictado la sentencia correspondiente.
Cuando hayan transcurrido las dos terceras partes de la pena impuesta en sentencia condenatoria y esta no haya quedado firme.
PROPONE DAR POTESTAD A LOS JUECES
Dentro del proyecto de Ley, también se detalló que para los togados en el ejercicio de «la función jurisdiccional, bajo su estricta responsabilidad y atendiendo a razones humanitarias, están obligados a velar porque el encarcelamiento cese y se sustituya por cualquier otra medida«.
Siendo los siguientes casos:
Cuando el imputado o acusado y condenado alcance la edad de más de 75 años o bien, se encuentre sufriendo enfermedad terminal debidamente certificada por profesional de la medicina, situación de discapacidad, vulnerabilidad o circunstancias personales que hagan indispensable la sustitución de la privación de libertad.
Si el imputado o acusado padece alguna enfermedad grave o infectocontagiosa o que estuviere en peligro inminente de muerte derivado de su condición de salud.
Si el imputado o acusado, antes de la privación de libertad, fuera la única persona obligada a prestar alimentos o tuviere al cuidado de persona con discapacidad, enfermedad grave o un menor de edad.
OTRAS DOS INICIATIVAS CON IMPULSO OFICIALISTA
Por otro lado, la iniciativa 6245, dispone aprobar la Ley de Exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de derechos arancelarios a las importaciones de bienes, suministros, donaciones e insumos que realice la entidad Alianza Evangélica de Guatemala.
Fue promovida por los diputados Mario René Azurdia, María Eugenia Castellanos, Carlos Calderón, Greicy De León y Cándido Leal; todos diputados por el bloque legislativo VAMOS.
Aunado a esto, también se agregó en tercer debate la iniciativa 6231 que dispone aprobar reformas al Decreto 51-2022 del Congreso de la República en la Ley Temporal de Desarrollo Integral. Propuesta por Shirley Rivera, presidenta de la JD y el segundo vicepresidente, Sergio Arana.
Dicha iniciativa busca la ampliación temporal para la implementación del «Programa de Desarrollo Integral» modificando a 90 días hábiles la recepción de solicitudes de los interesados y con un plazo de 30 días para publicar por los medios a los beneficiarios.
Esta ley tiene como objetivo la creación, implementación y ejecución de proyectos ambientales y de desarrollo en beneficio del Estado, con la participación de militares retirados que prestaron servicio militar durante el Conflicto Armado Interno.
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