Víctor Hugo Godoy
Después de las manifestaciones masivas y del ritual electoral que culminará el 25 de octubre, ¿cuál es la próxima tarea para concretar el cambio de este sistema político que fue desviado de sus originales intenciones en 1993? Y me respondo: Ponernos de acuerdo sobre reformas profundas en el acceso al poder político para la instauración de una verdadera democracia; y sobre, ¿qué vamos a entender por “corrupción”? y cuál el tipo de reformas legales, organización social y mecanismos de auditoría social para prevenirla, combatirla y castigarla.
Podría principiar diciendo que en el ámbito político, es decir de lo público, corrupción puede ser todo aquello (actitud, comportamiento, norma, institución o interpretación) que tergiverse, distorsione, desvíe, sustraiga, defraude, deteriore o menoscabe el fin primordial del Estado para lograr una vida digna y una convivencia pacífica para sus habitantes. En esa dirección nunca será demás recordar que el Estado guatemalteco se organiza para proteger a la persona humana y la familia, siendo su fin supremo la realización del bien común. Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, sin identidad de origen ni destino comunes, esta norma teleológica puede fácilmente burlarse por ausencia de solidaridad, valor fundamental de todo conglomerado nacional.
Por ejemplo, una ley de fomento de carácter temporal para potencializar alguna actividad económica, que produzca además de riqueza, empleo decente para los ciudadanos, tempranamente se convierte en permanente, se adscriben empresas que no debieran tener cabida en ella, convirtiendo el instrumento en privilegio, elusión y evasión de las responsabilidades tributarias, como ha sucedido con la Ley de Maquila de 1989. Haber privatizado los activos del Estado sin tomar en cuenta que las instituciones republicanas norman la forma de hacerlo y haberlo hecho simulando otros procesos en la Ley de Compras y Contrataciones, además de lo arbitrario de los precios de venta, fue corrupto y obligó a la CC a una bendición corrupta también.
Podría enumerar incluso normas constitucionales, que sin que fuera esa la intención siempre, dieron lugar a corrupción: quitar al Estado la rectoría de la educación universitaria, generó la corrupción que se ha dado en el Consejo de la Enseñanza Privada Superior y las propias Comisiones de Postulación para integrar órganos de control del poder público. Haber prohibido al Banco de Guatemala la capacidad de prestar dinero al Estado generó un grosero negocio para los bancos privados con alza en los valores de la producción de bienes y servicios estatales, sin tomar en cuenta el desestímulo al crédito para actividades productivas. Qué tiene que hacer el Congreso de la República con un representante en la Junta Monetaria, que debería ser un ente eminentemente técnico. Nada. Haber normado constitucionalmente la reelección de los alcaldes municipales, como premio por apoyar la consulta popular de la contrarreforma del 93’ fue y es corrupción. No es lo mismo administrar por el MEM los bienes de todos los guatemaltecos, que vender la patria, porque eso es corrupción aunque esté santificado por leyes ad hoc.
