Las manifestaciones de protesta y concentraciones de grupos ancestrales de la región del occidente y de varios departamentos, continuarán hasta lograr su objetivo: la salida del Ministerio Público, de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, de la auxiliar Cynthia Monterroso y del juez penal Fredy Orellana, quienes tienen en un caos permanente a Guatemala. El presidente Alejandro Giammattei tiene a Guatemala al borde de una crisis institucional de dimensiones increíbles, porque se teme que el ente investigador, violente el resultado de las elecciones de junio y agosto y no permita que el presidente electo Bernardo Arévalo, tome posesión el 14 de enero.
Con desagrado e inconformidad todos los sectores del país, dan por hecho que las resoluciones de la 8ª magistratura de la CC tengan sesgos que no están normados en la Constitución, que le da garantías para que se mantenga el orden constitucional. Accedió en una resolución exprés del Ministerio Público, para que las fuerzas de seguridad procedieran a despejar el acceso a sus instalaciones de Gerona y el libre acceso a sus empleados y usuarios, en un plazo de 6 horas, con la advertencia de que si no se cumplía, se procedería a accionar contra las autoridades de seguridad y que podrían “hacer uso de la fuerza”, lo que no ocurrió, porque prevaleció el diálogo y la cordura.
El órgano constitucional se ha desviado de sus verdaderas funciones y resuelve con tintes políticos y “se lava las manos” y traslada las peticiones a otros órganos de justicia y no asume el papel que dice la Constitución. Por varios días han habido marchas y concentraciones al no acceder el presidente a demandar la renuncia o destitución de Porras y otros funcionarios, con el frívolo argumento que la Ley orgánica del MP protege y blinda a la fiscal. Giammattei, como presidente la Carta Magna le da el carácter de decidir si un funcionario que él nombró, puede ser separado por no cumplir con la ley. Caso concreto de Porras al intentar “un golpe de Estado” confiscando el material que dio certeza a las elecciones.
Los dirigentes del movimiento de protesta dan por hecho que no tienen simpatías políticas y que su interés es que la democracia sea efectiva en nuestro país. Accedieron a liberar el acceso a las instalaciones centrales del MP como un gesto de buena voluntad.
La CC saliéndose del rol que le asigna la Constitución, certificò lo conducente para que se inicie proceso penal contra el exministro de Gobernación David Napoleón Barrientos, supuestamente –dice– por no haber cumplido con el desalojo de los manifestantes en las oficinas del MP, cuestión que tiene otro interés confrontativo y que no encuadran en un organismo que como ya quedó dicho su obligación es, defender la Constitución y no tener sesgos que no le son de su competencia.
Barrientos renunció cuando detectó que las manifestaciones y protestas podrían desbordar en actos violentos y no quería que la policía hiciera uso de la fuerza, sino que fuera por medio del diálogo.Organismos internacionales cuestionan las resoluciones de la CC al desviar sus sentencias a otros fines que no encuadran en un proceso postelectoral.
Todos sabemos cómo fueron elegidos los actuales magistrados Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien fue fiscal general, Néster Vásquez Pimentel, Lesly Lemus Rodríguez, Dina Ochoa Escribá, Mario Molina Baca y los suplentes, quienes en su gestión han quedado marcados como incapaces sumisos a los grupos oficialistas, que a ultranza les dicen cómo resolver y persisten en que las elecciones generales se anulen y no tome posesión Arévalo, hecho que el pueblo por ninguna razón debe permitir, unirse y luchar hasta las últimas consecuencias, hasta el final.
