Deseo aportar algunos comentarios sobre la extrañeza que me causa la manera en que veo que se están dando los acercamientos que tienen el propósito de sacar al país del embrollo político en el cual se encuentra. Me refiero a lo que he podido captar hasta el momento, vía los diferentes medios informativos formales e informales que están al alcance de los interesados.
Apunto, inicialmente, que he tenido experiencia en materia de conceptualización y capacitación básica en procesos de “resolución alternativa (extrajudicial) de controversias (conflictos) en materia socio ambiental” así como en el método, participativo, que empleaba la cooperación alemana -GTZ, en aquellos tiempos-para la planificación y el diseño de sus proyectos de desarrollo (llamado ZOPP). Así, también, conozco y he empleado algunos de los instrumentos que maneja en la actualidad esa misma cooperación -ahora, GIZ- para esos propósitos y que tiene el nombre de “Capacity-Works”. Lo menciono, porque son elementos de experiencia personal que me han permitido cierta sensibilidad para intuir la idoneidad de los procedimientos cuando se buscan fórmulas viables para acometer emprendimientos con efecto social en entornos nuevos, complejos y, generalmente, conflictivos.
Básicamente, me extrañan dos elementos. Por un lado, la falta de una definición (o identificación certera) del problema o asunto central que se trata de resolver y por el otro, y de manera derivada, la inadecuada identificación de los actores que deberían involucrarse en los diálogos o acercamientos.
En lo que se refiere a la definición (o identificación certera) del problema o asunto central, percibo falta de claridad. Veo que, debido a que no se ha propiciado metodológicamente la necesaria diferenciación que se debe hacer entre “posiciones” y “necesidades”, se está incurriendo en un gran error. El ejercicio de la identificación de la o las necesidades centrales, es asunto metodológicamente indispensable. Si esto no está dado, cualquier discusión o negociación no tendría materia (como dirían los abogados) y, posteriormente, sería imposible medir cualquier cambio logrado porque se carecería de línea de base para comparar (como dirían los ingenieros, por ejemplo).
La prueba más concreta de lo anterior se da al observar cómo no solo se mantiene una pobre diferenciación entre lo que es una necesidad (la conservación de la democracia -lo que significa, básicamente, respetar el deseo y la opinión de las mayorías, expresado en las urnas- y contar con un sistema de justicia confiable) y lo que es una posición (que Semilla sí o que Semilla no, o que sea otro partido, u otra ideología (¿?) …); si no que, además, se pretende entablar un diálogo entre partes que no han definido plenamente su adscripción o no con la necesidad o las necesidades centrales en cuestión. Nota: adscripción o no adscripción con la necesidad o necesidades centrales identificadas; no con cualquier otra posición o tema.
Para efectos de la identificación de los actores que deberían involucrarse en los diálogos o acercamientos, esto debería hacerse con autoridades con auténtica legitimidad que se interesen en el mismo tema. Solo tiene sentido dialogar para buscar una solución entre partes, si se va a abordar el mismo tema (aunque sea a partir de concepciones antagónicas, contrarias o divergentes). Y, además, solo si se trata de personas con voluntad y poder político para adoptar soluciones a un nivel mucho más elevado que el puramente operativo. Soluciones que -por supuesto que respetando la ley- reflejen cómo es que ellas se deben a una racionalidad política (en el más sano sentido del término). Una racionalidad que parece ya no existir en nuestro país porque se encuentra oculta por, entre otras causas, un temor a lo legal … (que lo único que demuestra es que adolecemos de políticos sanos que conozcan su oficio).
El asunto de la necesidad de que se trate de personas con jerarquía y poder político suficiente, lo menciono porque en las sesiones que he podido observar, he notado, por el lado de las autoridades gubernamentales, la presencia de funcionarios de áreas temáticas y de niveles jerárquicos que es difícil entender cuál puede ser su aporte político con respecto a la necesidad central. La necesidad central, es la de una garantía que contenga el respeto a la voluntad de las mayorías (principio básico de los sistemas democráticos); y la existencia de un sistema de administración de justicia confiable, inscrito en un sistema republicano (con real independencia de poderes).
