Gladys Monterroso

licgla@yahoo.es

Abogada y Notaria, Magister en Ciencias Económicas, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Diploma otorgado por la Corte de Constitucionalidad en 2005, como una de las Ocho Abogadas Distinguidas en Guatemala, única vez que se dio ese reconocimiento, conferencista invitada en varias universidades de Estados Unidos. Publicación de 8 ediciones del libro Fundamentos Financieros, y 7 del libro Fundamentos Tributarios. Catedrática durante tres años en la Maestría de Derecho Tributario y Asesora de Tesis en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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 “…Que tu pueblo con ánima fiera antes muerto que esclavo será” Himno Nacional

El 13 de octubre se materializó un nuevo ataque a la democracia, cuando el pleno incompleto de la Corte Suprema de Justicia se autorrecetó un nuevo período en funciones, con el consabido emolumento, más otros beneficios económicos, todos inconstitucionales e ilegítimos, porque la génesis de los mismos lo constituye la violación fragrante del artículo 208 de la Constitución que ordena que durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos, los actuales Magistrados no han sido reelectos, por lo que siendo los garantes de la aplicación de la ley, no han respetado el mandato constitucional, superior a cualquier norma.

El estado caótico en el que nos tienen inmersos va más allá del tiempo en funciones, el que evidentemente no han respetado, se suma el hecho que la Corte no está integrada, se encuentran en funciones solamente 10 Magistrados cuando deberían ser 13, como lo regula el artículo 75 de la Ley del Organismo Judicial, situación que de por si es anómala, porque o, recurren constantemente a suplentes para las votaciones, o empatan, aunque me parece son bastante afines, y difícilmente exista debate en sus deliberaciones, pero esa es una percepción personal.

Lo más relevante es que siendo esta una anomalía jurídica, porque es lo mínimo con lo que se le puede calificar, son ellos en esas condiciones quienes deciden sobre vidas y patrimonios de los ciudadanos como lo hacen, lo peor es que, además, lo hacen sobre la vida de toda la nación, por lo que se esperaría que emitieran resoluciones lo más ajustadas a derecho, o mejor dicho a la justicia por la delicada situación en la que mantienen uno de los tres Poderes del Estado, que no es poco, pero que no es así, sus resoluciones cuando menos dejan mucho que desear, baste ver la hemeroteca.

Otra manifestación de la dictadura (Porque eso es) de las togas, no cabe duda lo constituye la inquilina de Gerona quien ha exigido a los órganos del Estado acciones por demás cuestionables, lo que hace dudoso su conocimiento real sobre el derecho y más aún sus grados académicos.

En esta época, de tiranía de las togas en la que nos encontramos, son esencialmente ellos con la interpretación antojadiza de la ley que realizan, quienes han creado este estado de avasallamiento hacia la sociedad en general, en el lado de la historia en la que se ha colocado la inquilina de Gerona, se atreve a solicitar a la CC, otro órgano del Estado dirigido por las togas, la destitución de un ministro de gobierno, como lo es el de Gobernación, al que si algo se le debe reconocer es que no ha utilizado la fuerza bruta contra los manifestantes, como a la vista esta, la señora que se rodeó de inodoros parece molestar, tanto que pide su destitución sin escuchar lo que la población le exige a ella, cosas veredes, se sabe que el Ministro presentó su renuncia, por un poquito de conciencia de Estado el Presidente no la debería haber aceptado, porque debe comprender que se necesita cierto equilibro, y el Ministro lo daba, o no sabemos que puede suceder dentro del caos creado debido a las decisiones cuestionables de los diferentes funcionarios.

Es inconcebible que después del asesinato de un vendedor que su único pecado era vender a los transeúntes, por sicarios identificados por la población, la fiscal solicite que se ordenen cumplir medidas que lo que menos buscan es preservar el orden público y la coexistencia del derecho de manifestación, las manifestaciones han sido pacíficas, los manifestantes no se encuentran armados, ¿Por qué no escuchar sus voces? La sangre que corra será responsabilidad directa de la señora Porras.

Ante la difícil situación del país, producto de los altos índices de corrupción por parte de las “autoridades” sus familiares y amantes, los profesionales del derecho deberíamos ser los primeros en exigir el cumplimiento de la ley, sin embargo, esto no ha sido así, y han utilizado sus conocimientos bastos o mínimos sobre el derecho, para deformar la letra de la ley con el fin de conseguir fines la mayoría de las veces espurios.

Dice Arjona que la historia juzgará las acciones de los funcionarios, yo no quiero esperar a la historia.

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