Este fin de semana termina la visita de una delegación que la Organización de Estados Americanos (OEA) envió a Guatemala con el objetivo de mediar con los actores sociales protagonistas de las protestas ciudadanas que exigen la renuncia de funcionarios del Ministerio Público (MP) y de jueces, señalados de ser actores corruptos, antidemocráticos, promotores de un golpe de Estado jurídico judicial que vulnera la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y el derecho de elegir y ser electo.
Los delegados de la OEA fueron Luis Rosadilla Pereira, Consejero Especial del Secretario General y ex ministro de la Defensa de Uruguay, Maricarmen Plata, Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA y el embajador Diego Paz, representante de ese organismo regional en Guatemala.
Conversamos con ellos durante una reunión a la que asistí en representación de la Convergencia Nacional de Resistencia (CNR) y de monseñor Álvaro Cardenal Ramazzini, quien la preside. Completaron la delegación de la Resistencia CNR los colegas Otto Rivera y José Hernández. Manifestamos preocupación por la crisis política social que ocurre en el país, por las acciones ordenadas por jueces y altas autoridades del MP contra magistrados y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque vulneran la democracia, el Estado de Derecho y la voluntad popular expresada en las urnas en las votaciones generales celebradas el 25 de junio y 20 de agosto de 2023 respectivamente. Entregamos un documento titulado, “Respuesta a la crisis política en rescate de la democracia.”
La resistencia de protesta ciudadana no violenta movilizada en todo el país, la encabezan autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán, las alcaldías indígenas de varios departamentos y autoridades ancestrales de los pueblos originarios; a la protesta se han sumado amplios sectores y organizaciones sociales. Ayer jueves 12 de octubre, estas autoridades indígenas se reunieron durante tres horas y media (de 15:00 a 18:30) en Casa Presidencial con el presidente saliente Alejandro Giammattei, la delegación de la OEA y otros funcionarios de Gobierno, para buscar solución a la crisis nacional, pero no hubo acuerdos, por lo tanto, el paro nacional, los bloqueos de carreteras y las manifestaciones ciudadanas no violentas continuarán.
Mientras tanto, el bloque en el poder y actores políticos corruptos continúan propagando discursos de odio que hacen apología del uso de la violencia, exacerban el racismo, fomentan la narrativa del fraude electoral, siembran discordia y buscan provocar confrontación entre la opinión pública.
El instigador de discursos de odio es el mismo presidente saliente Giammattei, quien esta semana durante un mensaje a la Nación difundido en cadena nacional y cargado de racismo, soberbia, prepotencia y autoritarismo invisibilizó el liderazgo protagónico que los pueblos originarios tienen en la conducción de la protesta iniciada. Criminalizó la movilización ciudadana, acusó a organizaciones no gubernamentales y a otros países de injerencistas y de financiar las movilizaciones y protestas, advirtió sobre órdenes de captura y señaló al partido político Movimiento Semilla y al presidente electo Bernardo Arévalo de León, de ser responsables de los bloqueos y protestas ciudadanas.
El presidente del país representa la unidad nacional, pero Giammattei como mandatario saliente, lejos de promover la unidad, la armonía social y la paz, persiste en su actitud prepotente y en una doble moral, sin ofrecer propuestas de solución a la crisis nacional que él mismo junto al bloque en poder con sus actos contribuyen a agudizar y complicar.
