El Presupuesto General de la Nación 2024 es el más abultado en la historia de Guatemala (sobrepasa los 124 mil millones de quetzales), con el agravante de haber sido diseñado por el Ejecutivo para beneficio exclusivo de diputados, alcaldes y sus socios de distinta índole. Sobre ese presupuesto, el equipo del doctor Arévalo, por medio de su diputado electo, Jonathan Menkos, y del también diputado, Samuel Pérez, ha pedido al Congreso una ampliación a 127 mil millones de quetzales, es decir, casi 3 mil millones de quetzales adicionales. Casi nada.
En mi humilde opinión, no se puede dar un cheque en blanco de este tamaño a nadie, menos si el mismo ha sido diseñado exclusivamente para el saqueo del Erario. Comprendo perfectamente que el objetivo del gobierno entrante al solicitar la ampliación del tope presupuestario sea cumplir con las promesas de campaña que hicieron. Argumenta el diputado de Semilla, Samuel Pérez, que cuando él no estuvo a favor de dicho presupuesto, antes de que el presidenciable de su partido resultara electo, por supuesto, fue porque los fondos iban directo a corrupción. Aunque las intenciones de los dos integrantes de Semilla sean ciertas, veo dos atenuantes, muy serios, que no se están tomando en consideración.
El primero es que el gobierno entrante tardará muchísimo tiempo, más de un año, para poder retomar el control de los distintos ministerios, principalmente los de Comunicaciones, Salud y Educación, en los que existe un mayor grado de corrupción. Adicional a ello, ya se están ejecutando proyectos viales, construcción de hospitales, escuelas, así como un sinfín de contratos de compras de medicinas, insumos médicos, escritorios, útiles y refacciones escolares, los cuales se encuentran ya programados y seguramente aprobados. Hay que recordar que aproximadamente un 70% del presupuesto son gastos de funcionamiento, un 20% es inversión y un 10% sirve para pagar la deuda pública, por lo que pretender que en el primer año de gobierno se logre reducir significativamente la corrupción para que dichos fondos puedan financiar parte de dicho presupuesto en el primer año, además de bisoño, me parece ilusorio.
El segundo es que el plan de gobierno presentado por Semilla no contempla un presupuesto de semejante magnitud, las cifras que ellos presentaron en su plan no cuadran con lo que ahora solicitan. El presupuesto aprobado para 2023, de acuerdo con el plan de gobierno, contempla situarse en un 14.2% del PIB. Si tomamos la referencia del PIB 2023, en valores nominales, el cual se estima, en el escenario optimista, en alrededor de 803.8 mil millones de quetzales, el presupuesto aprobado sería 114 mil millones de quetzales. Siendo muy generosos, si en vez del año 2023, habrían utilizado el PIB estimado para 2024 en su escenario optimista, el mismo sería alrededor de 878 mil millones de quetzales, por lo que el presupuesto aprobado 2023 podría rondar los 124 mil millones de quetzales. Es decir, ni por asomo el plan de gobierno de Semilla contempla un presupuesto aprobado de 2023 por la cantidad que están solicitando en el Congreso.
Por favor, no abusen de la confianza que no nos tenemos. Cualquier persona que ha tenido la oportunidad de administrar un presupuesto en una empresa, sabe que no se puede gastar lo que no se tiene y no se ha generado. Eso es lo que pretende Semilla.
