Si alguien tiene la menor duda de la forma en que se manipula la justicia en Guatemala, el caso de la abogada Claudia González se convierte en la prueba más reciente y visible del manoseo que las autoridades judiciales hacen para violentar la ley y los derechos consagrados en la Constitución de la República. Por cuarta vez, esta semana fue suspendida la audiencia de primera declaración de la sindicada y así la pueden mantener en prisión hasta que San Juan baje el dedo porque semanalmente el juez acepta la excusa de algún involucrado en el proceso para suspender la diligencia en la que se debe resolver su situación jurídica.
Lleva un mes en la cárcel sin que el juez que ordenó su detención por el delito de abuso de autoridad decida si la detenida debe ser ligada a proceso, quien sigue en prisión simplemente porque el proceso ha sido maliciosamente entrampado por partes procesales a las que no interesa que se pueda realizar la diligencia, pues su intención es mantener a la abogada presa. Y es que el delito de abuso de autoridad, que se le imputa, únicamente puede ser cometido por alguna autoridad y la licenciada González no ejercía autoridad alguna sino simplemente ejerció su profesión como mandataria en la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Es importante recordar que al ex juez Miguel Ángel Gálvez se le presentó un antejuicio por el “uso de la prisión provisional” y esa fue la excusa suficiente para que el proceso avanzara y se forzara la salida del ex togado de Mayor Riesgo. La Fundación contra el Terrorismo fue quien presentó las acciones en contra de Gálvez.
Aparte del grave e irreparable daño que se causa a Claudia González, cuya madre murió justamente días después de su detención ordenada por un juez que trabaja muy coordinadamente con el Ministerio Público, es importante señalar que este caso es sumamente ilustrativo de la forma en que operan desde hace años los tribunales en Guatemala dentro de ese tenebroso pacto que aseguró el control de la justicia. No es una situación aislada, sino que se repite constantemente y ahora se marca más en aquellos casos que se sienten más a venganza por los que se evidenció del sistema de justicia.
Los observadores internacionales han expresado su preocupación por la forma evidentemente malintencionada que se usa para entrampar este proceso y permitir que la sindicada siga en la cárcel sin haber sido escuchada como se debe y sin que se pueda realizar esa crucial diligencia en la que ella puede iniciar su legítima defensa.
Cuando el delegado de Argentina ante la OEA explicó cómo los Golpes de Estado ya no salen de los cuarteles sino de los tribunales y las Cortes, se refería cabalmente a ese abuso que violenta los derechos fundamentales y que destruye por completo toda noción de Estado de Derecho. Es inaudito el comportamiento de un tribunal que puede mantener a una persona presa “ad eternum” simplemente cancelando la audiencia de primera declaración mediante excusas espurias.
