Hay un consenso generalizado y de hecho es parte de la petición de fondo en el amparo que ayer Bernardo Arévalo presentó en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y es que el caso de las firmas en la constitución de Semilla se debe investigar puesto que es en el mejor interés de todos que se llegue al fondo.
El problema, es que usaron ese caso para intentar irrespetar la voluntad popular y preservar así un sistema de corrupción en el que actores como Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Fredy Orellana, Cinthya Monterroso y muchos otros, son clave.
En el amparo, en la petición de fondo, se establece:
“a. Que se garantice la efectividad del sufragio cesando inmediatamente los actos de coacción, intimidación y criminalización en abuso de las facultades constitucional y legalmente conferidas a las autoridades cuestionadas en contra del Tribunal Supremo Electoral y de los ciudadanos electos, con la finalidad antijurídica de impedir la finalización adecuada del proceso electoral y a la toma de posesión de los cargos en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de los ciudadanos electos simpatizantes y población en general. Además, en aras de garantizar la objetividad e imparcialidad, que se ordene que las autoridades reclamadas deban excusarse de seguir conociendo asuntos relacionados con el partido Movimiento Semilla, debiendo ser sustituidas para conocer de esos asuntos por otros funcionarios de conformidad con la ley y que se deje sin efecto todo lo actuado en fraude constitucional por el Juez «A» del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala.
b. Que al otorgar el amparo se certifique lo conducente en contra de las autoridades denunciadas en este amparo por la posible comisión de delitos en contra del orden constitucional de Guatemala”.
Con este amparo se cae la narrativa de muchos que equivocadamente dicen que lo que se busca es dejar en impunidad el caso de la constitución del partido político y es todo lo contrario. Arévalo está pidiendo objetividad e imparcialidad, derecho que le asiste a todo ciudadano y garantía que debería poder cada guatemalteco.
Recuerden que desde el 2019 se presentó la denuncia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el MP no atina a responder por qué no hizo nada hasta que Arévalo pasó a segunda vuelta y la razón es porque lo que quiere Porras y Cía es afectar el resultado.
La responsabilidad penal, para los no abogados, es personalísima y el MP no tiene cómo vincular ante la eventualidad que sí haya responsabilidad penal de personeros de Semilla, al Presidente y la Vicepresidenta electos y eso tiene como locos a los operadores de quienes desean preservar el sistema.
A Porras algo le tienen (¿la carta de renuncia ya firmada?) que la están dejando como punta de lanza mientras desde la comodidad de la Casa Presidencial se dictan los pasos a dar. El audio del Presidente y Miguel Martínez que el Gobierno atribuye a inteligencia artificial arrojó muchas luces de cómo se dan las cosas y cómo se demandan acciones en medio de tanta necesidad de preservar impunidad.
El llamado de Arévalo ayer fue acuerpado por organizaciones multisectoriales (sector social, civil, empresarial y religioso) y eso es clave porque el Presidente Electo se muestra capaz de lograr articulación de diversos sectores en un momento en que Guatemala necesita eso, mínimos en virtud de los cuales puedan trabajar personas y grupos de distintos orígenes pero con las mismas convicciones en ciertos puntos torales.
A Cinthya Monterroso no la premiaron, pero están tan desesperados que necesitan venderlo como un ascenso. La quitan del ojo público y de las audiencias porque su actuar, como el de Curruchiche, fueron tan burdos que personalizaron la persecución penal y perdieron objetividad e imparcialidad.
Vienen semanas clave en la construcción de una más perfecta Democracia y unión ciudadana para el mejoramiento integral de Guatemala.
