El gobierno estadounidense le otorgó el asilo político al exfiscal guatemalteco Juan Francisco Sandoval, reconocido a nivel nacional e internacional por su lucha contra la corrupción y quien se exilió hace dos años tras denunciar una persecución por sus investigaciones.
“Otorgarme el asilo político es una evidencia más de la persecución política de la que soy víctima por haber participado en la investigación de redes político-económicas ilícitas que están incrustadas en el Estado y que alcanzaron a seis gobiernos, incluido el actual de (Alejandro) Giammattei”, dijo Sandoval el jueves en una entrevista telefónica con The Associated Press.
Otorgarme el asilo político es una evidencia más de la persecución política de la que soy víctima por haber participado en la investigación de redes político-económicas ilícitas que están incrustadas en el Estado y que alcanzaron a seis gobiernos. https://t.co/k02avHpbBR
— Juan Francisco Sandoval (@JSandoval1982) September 14, 2023
El fiscal explicó que en los casos que investigó están involucrados los expresidentes Alfonso Portillo (2000-2004), Álvaro Colom (2008-2012), Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015) y Jimmy Morales (2016-2020), todos señalados de actos de corrupción.
El deterioro del Estado de Derecho en Guatemala recrudeció a partir 2019 durante el gobierno de Morales, quien puso fin al trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que dirigía Sandoval, llevó a juicio a poco más de mil personas, entre ellas expresidentes, magistrados, empresarios, legisladores y funcionarios públicos por corrupción y otros delitos.
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Tras la salida de la CICIG —respaldada por las Naciones Unidas y financiada por la comunidad internacional— poco a poco los casos investigados fueron perdiendo apoyo y los funcionarios judiciales que intervinieron en ellos empezaron a recibir amenazas y denuncias. Unos 42 exoperadores de justicia guatemaltecos se encuentran en el exilio.
«Después de dos años afuera entiendo más que el Estado de Guatemala es un Estado capturado y que cualquier persona que cuestione o ponga en riesgo el sistema corrupto va a ser víctima del destierro, va ser privado de su libertad o corre peligro su vida», dijo Sandoval.
Explicó que en su caso, la persecución se intensificó cuando recibió información de casos que involucraban a Giammattei en supuestos actos de corrupción, como la presunta recepción de sobornos de empresarios rusos que buscaban operar proyectos mineros.
“También recibimos información de sobornos que habría recibido el mandatario de empresarios de la construcción para favorecerles en la adjudicación de obra pagada por el Estado”, dijo Sandoval.
Entonces, la actual fiscal general Consuelo Porras se instaló durante días en la fiscalía de Sandoval para revisar todos los expedientes del caso.
Pocos días después, Porras fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos por obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia en Guatemala.
Giammattei, que es cercano a Porras, ha negado las acusaciones y no se encuentra bajo investigación.
Sandoval abandonó el país la misma noche en que Porras lo destituyó del cargo y se quedó sin protección.
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Tras su salida se presentaron al menos 100 denuncias y seis órdenes de aprehensión contra Sandoval, la mitad, dijo, por parte de la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de ultraderecha que defiende a militares acusados de crímenes de guerra y civiles señalados de hechos de corrupción.
