La actual Constitución de la República, que el pasado 31 de mayo, cumplió 38 años de vigencia, debe ser reformada y la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Los diputados que asuman sus curules el 14 de enero entrante, deben comprometerse de no venderse al gobierno de turno. Actuar con claridad para el pueblo y resolver a fondo los problemas que tiene Guatemala, desde hace más de cuatro décadas, lo que se ve cuesta arriba, pues se conoce que 124 de los actuales legisladores, por compra de votos y estar ligados a narcos que les financian sus campañas, pretenden su reelección que por ninguna razón debe permitirse, será el pueblo -el elector-
que rechace la reelección de los diputados, por su nulo trabajo en ésta legislatura.
Los constitucionalistas que discutieron y aprobaron la nueva carta magna, después de largas y tediosas sesiones, le dieron vida a una nueva constitución. La carta magna que nos rige con el correr de los 38 años se ha demostrado que es imperativo que sufra una reforma a fondo mediante una consulta popular y romper ese esquema corrupto de corrupción que hay en todos los organismos del Estado, especialmente en el Organismo Judicial, donde los jueces resuelven en muchos casos, a su conveniencia y no se ajustan claramente a lo que dice la Constitución, especialmente la Ley del Organismo Judicial, que por obligación y ley, por supuesto debe conocerla y ser leales con la población.
En la actual legislatura se irrespetó la resolución de la 8ª. magistratura de la Corte de Constitucionalidad, que ordenó elegir de viva voz y voto razonado a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones y otros tribunales colegiados. Los diputados de la actual legislatura, por plegarse al oficialismo, no han cumplido con lo ordenado por el máximo tribunal en materia constitucional, prolongado sus funciones los magistrados de dicha Corte y Salas de Apelaciones más de los cinco años que indica la Constitución.
Irresponsablemente los actuales Diputados, por consignas del Ejecutivo, no han cumplido con la resolución de la CC. El Ministerio Publico, sin instancia de parte y de oficio, debió abrir proceso por incumplimiento de deberes contra legisladores que no han acatado dicha sentencia. En relación a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es una ley parchada llene de errores e inconsistencias, que fue mal aplicada por incapaces funcionarios electorales, que les vedaron el derecho a aspirantes presidenciales, diputados y alcaldes, velándoles su derecho de dirigir los organismos del Estado, imponiéndoles multas, por campañas anticipadas e inscrito a candidatos con claras tachas y estar ligados a narcos.
Reformar la carta magna y la Ley Electoral, es un compromiso que deben hacer antes el pueblo los futuros diputados, lo que se ve cuesta arriba porque están ligados a narcos y a los sectores oficialistas que quieren seguir robando y engañando al pueblo de Guatemala, que está harto de ver a los congresistas incapaces, que se ausentan de sus curules y que se venden al ejecutivo para aprobar leyes que no tienen ninguna consistencia social en bien de la pobreza que tiene sumida en la ignorancia a millones de nacionales.
