Un funcionario de la fiscalía general de México fue asesinado este martes en el estado de Guerrero (sur), tres días después de que un fiscal también fuera acribillado en esa zona duramente azotada por el narcotráfico, informaron las autoridades.
Fernando García, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), fue atacado a balazos en la ciudad de Chilpancingo, capital de Guerrero, cuando conducía una camioneta rumbo a su trabajo.
El funcionario chocó contra un portón de un sector residencial, según imágenes que muestran el vehículo con las ventanillas quebradas por los disparos.
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Policías y efectivos de la militarizada Guardia Nacional acordonaron el área para recabar evidencias, de acuerdo con un comunicado de la fiscalía estatal.
El asesinato de García ocurrió apenas tres días después de que fuera asesinado Víctor Manuel Salas, fiscal de la convulsa subregión de Tierra Caliente, también en Guerrero.
Teniente coronel del ejército mexicano, Salas había asumido el cargo días antes del crimen, según reportes oficiales y de la prensa local, que aseguró que el funcionario habría sido ejecutado por integrantes de La Familia Michoacana, una de las organizaciones del narcotráfico que opera en la zona.
La región de Tierra Caliente está conformada por localidades de los estados de Guerrero, Michoacán y el Estado de México, este último colindante con Ciudad de México.
Ante la creciente violencia, en mayo pasado el gobierno lanzó un operativo militar en Tierra Caliente para proteger a la población de las actividades de bandas del narcotráfico y de las disputas entre estas y las llamadas «autodefensas», integradas por civiles que se alzaron en armas argumentando la pasividad de las autoridades frente a la criminalidad.
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Guerrero, con costas en el Pacífico y área de siembra de amapola (materia prima de la heroína), ha sido sacudido desde hace varios años por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro.
El gobierno federal ha registrado más de 420.000 asesinatos y decenas de miles de desaparecidos desde finales de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas.
La participación de los militares en esas acciones se mantiene pese a que el actual mandatario, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, asegura promover un enfoque para reducir la pobreza, que a su juicio empuja a los jóvenes a la delincuencia en varias regiones del país.
