El juez Carlos Giovanni Ruano Pineda llegó al Tribunal Noveno de Sentencia Penal hace nueve años. Ahora una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podría obligarlo a renunciar a su cargo e irse al exilio. La Fundación contra el Terrorismo (FCT) lo denunció por hacer señalamientos en contra de la magistrada Blanca Stalling, los cuales hicieron que el Ministerio Público (MP) iniciara una investigación en su contra y su separación temporal de su puesto.
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La denuncia de Ruano en contra de Stalling, integrante de la CSJ, indicaba que ella, abusando de su cargo superior en el sistema de justicia, intentó presionarlo para que beneficiara a su hijo, quien afrontaba un juicio por el caso IGSS-Pisa.
“Si la Corte Suprema de Justicia me quita la inmunidad, estoy a un paso de entrar a la cárcel”, aseguró el juzgador a La Hora en una entrevista. El 8 de febrero pasado, la CSJ aceptó darle trámite al proceso de retiro de antejuicio por una querella que interpuso la FCT, organización que lo señala por cinco presuntos delitos derivados de su denuncia en contra de Stalling.
Ruano podría convertirse en el tercer juez que abandona su país. En 2022, los juzgados de Mayor Riesgo perdieron a dos jueces: Erika Aifán fue la primera en irse al exilio, y le siguió Miguel Ángel Gálvez. Ambos coinciden con Ruano. Son perseguidos políticos por “no plegarse a los intereses de sectores oscuros”.
EL ORIGEN DE LA «VENGANZA»
En 2014, Ruano fue nombrado como juez suplente del Tribunal Noveno. Así llegó a conocer su primer caso de corrupción, denominado IGSS-Pisa. Entre los acusados estaba Otto Fernando Molina Stalling, el hijo de la magistrada Stalling.
“Muchos jueces fueron llamados por teléfono a su despacho para que el Tribunal estuviera completo, faltaba un juez vocal. Cuando me llamaron, yo cumplí y conocí el juicio”, dijo. Ruano aceptó, confiando en el sistema de justicia. Su participación en ese caso marcó su carrera en el Organismo Judicial (OJ).
El 1 de septiembre de 2016, el juez fue citado al despacho de Stalling en el Palacio de Justicia. El hijo de la funcionaria estaba en prisión preventiva y buscaba un arresto domiciliario, esas eran las intenciones de la magistrada detrás de una reunión con el juez.
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A Ruano le generó suspicacia la cita, aseguró. Entre nervioso, pero decidido, inició una grabación de voz con su celular antes de entrar al despacho de Stalling. “Me atendió por más de 30 minutos, y me pidió que dejara libre a su hijo porque estaba en prisión”, contó.
El juez denunció a Stalling y en consecuencia la magistrada perdió su inmunidad. Se mantuvo prófuga, y en febrero de 2017 fue capturada en una tienda de abarrotes, usaba una peluca y lentes oscuros para pasar desapercibida.
La magistrada pasó más de un año y medio en prisión, luego se le otorgó una medida sustitutiva y para junio de 2022 un juzgado resolvió cerrar el caso en su contra. De esa cuenta, tres meses después fue reinstalada a su cargo como integrante de la CSJ y recibió Q5.7 millones en salarios y prestaciones dejados de percibir desde 2017.
FCT EN AUXILIO DE STALLING
La alerta de una persecución contra Ruano llegó desde internet. El 8 de febrero último, el presidente de la FCT, Ricardo Méndez-Ruiz, publicó un Tweet en el cual aseguraba: “Ahora es el turno del juez prevaricador Carlos Ruano. ¿Preso o prófugo? La FCT se hará cargo”.
Méndez-Ruiz, el representante legal de la FCT; Raúl Falla, abogado de la organización; y Stalling, fueron sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos al ser incluidos en la Lista Engel, la cual está conformada por personas consideradas como supuestos “actores corruptos y antidemocráticos”.
“Es una venganza. Me están denunciando por haber denunciado, y eso no cuadra muy bien. Cualquier ciudadano que acude al Ministerio Público a denunciar correría el riesgo de ser criminalizado”, sostuvo Ruano.
El juez explicó a esta Redacción que los documentos en los cuales se basa la denuncia que la FCT realizó en su contra eran exclusivos de la magistrada, es decir, fue ella que habría sido quien les proporcionó la papelería necesaria para “seguir el curso de esta venganza”.
“La respuesta a este caso está en dos preguntas clave: ¿Quién me denuncia y por qué me denuncia? Es un claro acto de venganza”, refirió.
La FCT es considerada por varios sectores como una organización paraestatal que opera en contra de funcionarios que luchan contra la corrupción en Guatemala.
“Yo soy abogado, soy juez, y claramente sé que por lo que me están denunciando es improcedente. Sin embargo, estoy en esta situación. Estoy a una resolución de que la CSJ decida si yo voy a la cárcel o no. No hay garantías, no hay un sistema de justicia y qué pena, como juez, decirlo”, lamentó Ruano.
El juzgador enfatizó en que su situación es un “claro mensaje” para los demás jueces. “Usted no denuncie las presiones. Sea obediente, ceda, haga los favores o reciba algo a cambio, porque si usted es honesto, íntegro, y denuncia, le va a pasar esto. Quieren jueces dóciles, sumisos y que respondan a sus intereses”.
Democracia: nuevo Golpe del MP; abren cajas que tienen los votos
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— Diario La Hora (@lahoragt) September 12, 2023
SIN GARANTÍAS Y BAJO PELIGRO
Ruano tiene claras dos situaciones: la CSJ no lo protege y su nivel de riesgo aumentaría si esa misma instancia decide retirarle la inmunidad, para que el MP proceda con una investigación en su contra y con ello una orden de captura.
“Yo estoy bajo un nivel de riesgo por haber denunciado a Blanca Stalling, con medidas de seguridad desde 2017. Y si ahora por esa denuncia me ingresan a la cárcel, ese nivel de riesgo se eleva a un nivel máximo”.
De esa cuenta, el juez no ve lejana la posibilidad de irse al exilio. “Tendría que tomar una decisión porque ya estaría en riesgo mi integridad y mi vida. Es una situación bastante difícil”, respondió al preguntarle sobre el exilio como salida de escape para garantizar su integridad.
Ruano también responsabiliza a la CSJ de su actual encrucijada, si bien la FCT es la entidad que lo denunció, la corte es copartícipe, afirmó.
“La denuncia tiene múltiples errores, hechos falsos, documentos incompletos. La CSJ quería ponerme en esta situación de riesgo, de amenaza, ser criminalizado y de apartarme de mi cargo como juez que por méritos logré”, subrayó.
Además, puso sobre la mesa la idea de que “buscan apartarme como juez, procesarme espuriamente e ingresarme a prisión en un Sistema Penitenciario corrupto, hacinado y donde hay ingobernabilidad. Fácilmente, se puede crear un motín y decir: ahí murió Carlos Giovanni. Es algo que ha ocurrido”.
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EN MANOS DE LA CSJ
El último viernes 4 de agosto, el juzgador presentó sus pruebas de descargo previo a que el juez pesquisidor Jorge Valladares, quien está a cargo de su proceso de antejuicio, remita un informe a la CSJ en el cual deberá recomendar si Ruano debe mantener su inmunidad o si se le retira.
Cualquiera que sea el sentido del informe de Valladares, la CSJ tiene la última palabra. Dicha corte está integrada por ocho de diez magistrados señalados de llegar al poder por la intervención de Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi en el caso Comisiones Paralelas II.
Mientras tanto, el juez Ruano continúa en la incertidumbre. Inició a laborar en el OJ como auxiliar judicial en 2007. Dos años después, por ascenso, ingresó a la categoría de Juez de Paz.
Para 2014 llegó a ser Juez de Primera Instancia Penal. El Departamento de Estado de los Estados Unidos lo reconoció como “Campeón Anticorrupción” en 2021.
VAN CONTRA OTROS MÁS
El 28 de agosto pasado, las autoridades realizaron cuatro allanamientos en igual número de inmuebles ubicados en la capital, Mixco y San Miguel Petapa. En una de estas diligencias se ejecutó la captura de la abogada Claudia González, en su calidad de exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En su contra se señala el delito de abuso de autoridad.
La profesional del derecho fue denunciada por Stalling, quien entabló acciones legales en contra de quienes llevaron a cabo el proceso penal que se abrió en su contra, y que la llevó a separarse de manera temporal de su cargo ante la CSJ.
También se giró una orden de detención contra el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y la exfiscal de esa unidad, Siomara Sosa. Sectores nacionales y la comunidad internacional se pronunciaron de forma inmediata y catalogaron las acciones del MP como una persecución política.
El MP sustenta su investigación en que los exfuncionarios de justicia presuntamente abusaron de sus cargos, realizando supuestos actos ilegales en «perjuicio a la administración pública«. El caso fue declarado bajo reserva por el juez Décimo Penal B, Jimi Bremer, sancionado en la misma Lista Engel.
