Desde el año 2015, el Pueblo de Guatemala ha venido expresando su indignación en las calles. Ese año, el Pueblo de Guatemala mostró su poderío cuando Otto Pérez y Roxana Baldetti, Presidente y Vicepresidenta de la República, respectivamente, prefirieron renunciar cuando vieron que el Pueblo se movilizaba en su contra, denunciando sus actos de corrupción descarada. Luego manifestó públicamente para defender la presencia en el país de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), la lucha contra la impunidad y una justicia con jueces imparciales e independientes. Así pasaron casi seis años, entre ataques al Estado de Derecho y serias limitaciones a la Democracia, acompañadas de actos de criminalización de la protesta social y actos del Pueblo de Guatemala, relacionados con el rescate del Estado de Derecho.
La cooptación plena de las instituciones del Estado que están en la administración pública para defender el Estado de Derecho se alcanzó, después de que el Pacto de Corruptos afectó y tomó control de todas las elecciones de “segundo grado”, mediante repetidos fraudes electorales, que fueron permitiendo nombrar a funcionarios que no llenaban los requisitos del artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
En esas condiciones llegamos a la gran “fiesta electoral”, que representan las elecciones generales del año 2023. En dicho proceso electoral, correspondió a tres funcionarios públicos de alto nivel, Curruchiche, Consuelo Porras, y Freddy Orellana, continuar con los ataques sistemáticos al voto del Pueblo de Guatemala. No solo es imperativo que éstos renuncien, sino que deberían ser detenidos, procesados y finalmente sentenciados a prisión. Con sus actos notoriamente ilegales, han minado la Democracia y el Estado de Derecho. Han socavado y atentado en contra del orden constitucional guatemalteco. Se trata de un gravísimo delito que ha repercutido incluso en contra de la Comunidad Internacional.
Sin embargo, como dice el dicho “no hay mal que por bien no venga”, se ha podido constatar que, sus actos criminales, nos están dando la oportunidad de enriquecer, robustecer y fortalecer nuestra Democracia. Me explico. Sus actos viles ya provocaron que el Pueblo de Guatemala se indignara y que este extremo malestar lo canalizara en diversas manifestaciones públicas, que son parte de la Democracia.
Desde el 2017, los movimientos sociales guatemaltecos lo han venido gritando y repitiendo: el Estado de Derecho ha sido socavado y paulatinamente, el Pacto de Corruptos ha debilitado a sus instituciones. Las elecciones generales del presente año, se han llevado a cabo bajo un ataque sistemático en contra del Estado de Derecho, la Democracia y del Pueblo de Guatemala. Aun así, la población guatemalteca ha seguido enriqueciendo la Democracia, nutriéndola, haciéndola más fuerte.
Como reacción a estos actos criminales, el Movimiento por los Derechos Humanos solicitó en el año 2019, que se aplicara la Carta Democrática, ya que, en su opinión, el Presidente Giammattei, al expulsar del país a Iván Velásquez y a otros funcionarios de la CICIG, produjeron una ruptura del orden democrático. Nunca hubo una respuesta de Almagro. Y aunque hubiese un silencio absoluto, el pueblo siguió organizándose alrededor de un compromiso patriótico con nuestra democracia y con uno de sus derechos humanos básicos como lo es el derecho de organización.
Ese compromiso no sólo exaltaba la democracia representativa, sino que también la democracia participativa. Después de largos años implementando diversas acciones y estrategias para defender la Democracia en varias elecciones de “segundo grado”, el hartazgo de la población por tanta corrupción gubernamental, fue expresado en las urnas en las elecciones generales de 2023. Tanto el 25 de junio, como el 20 de agosto pasados, el Pueblo se expresó contundentemente.
Ahora, está indignado y dispuesto a defender el voto, la Democracia y el Estado de Derecho. Es cierto que los tres funcionarios públicos mencionados, tienen el respaldo del CACIF, de la Fundación contra el Terrorismo, del Ejército de Guatemala, del Presidente de la República y de Partidos Políticos oficialistas. O sea que la persecución y represión no la están implementando solos, sin ninguna ayuda o apoyo externo.
A pesar de semejante respaldo, es importante reconocer que el Pueblo de cualquier país del mundo, es mucho más poderoso que todos los poderes juntos. Nada ni nadie podrá derrotarlo, ni detenerlo. Menos cuando está en juego su voluntad expresada mediante el voto y cuando la Democracia misma se encuentra bajo ataque.
Lo bueno de toda esta desgracia, es que debido a las acciones del Pueblo de Guatemala a favor del Estado de Derecho, el concepto mismo de Democracia se ha ido enriqueciendo, fortaleciendo y la Democracia ha seguido creciendo: con el ejercicio del derecho a la resistencia, con acciones legales en contra de Curruchiche, Porras, Orellana y los otros miembros del Pacto de Corruptos; haciendo uso del Derecho de libertad de expresión; agarrando valor para expresarlo en manifestaciones públicas, paros nacionales y bloqueos y, en general, movilizando los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala, le ha otorgado.
Ahora, necesitamos que el Presidente Giammattei, quien se ha dedicado durante todo su mandato a afectar los derechos del Pueblo de Guatemala, destituya a la Fiscal General. Hay razones de sobra para destituirla. Lo que hemos dicho con anterioridad es que Giammattei es parte del Pacto de Corruptos y que nombró a Consuelo Porras para que defendiera los intereses de dicho Pacto y para lograr más impunidad.
O sea que, mientras Giammattei la respalde, la Fiscal General Porras se mantendrá descaradamente en el puesto. Por ello, además de pedir su renuncia, debemos exigirle a Giammattei, que destituya a Consuelo Porras inmediatamente. Hay razones suficientes para su destitución. Además, Arévalo debería tomar posesión con la “mesa limpia”. Ello justifica aún más que Giammattei la destituya.
Esta transición es muy especial. No es una transición normal en la que se da y recibe información del estado de proyectos y recursos disponibles. No. Se trata de una transición de la amenaza a la esperanza; una transición en la que el Pacto de Corruptos entrega a un Gobierno electo democráticamente, la administración pública. Se le entregan amenazas a un gobierno anticorrupción, para que empiece a hacer realidad la esperanza que tiene el Pueblo. Se trata de una transición de la dictadura a la democracia y eso la hace muy compleja.
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA debería estar presente en todas las reuniones de transición que se lleven a cabo, con el objeto de documentarla y posteriormente emitir recomendaciones. Además, ojalá que Semilla logre organizar otro batallón de voluntarios de alto nivel, similar al de las y los voluntarios que apoyaron a Semilla, para defender el voto el 20 de agosto pasado.
En este otro caso, las y los voluntarios podrían seguir apoyando a Semilla en el campo de la transición, lo cual es muy necesario. Se debe contar con personas especializadas que faciliten que ésta se lleve a cabo en forma eficiente. Con esto lo que quiero decir, es que la transición será muy delicada y que se debe contar con muchas personas profesionales que conozcan sobre estos procesos de transición de mando. Hay personas muy capaces que, estoy seguro, están dispuestos a colaborar con Semilla como voluntarios, en la transición que se deja venir, aunque no estén afiliados al partido.
Por otro lado, cinco países de la Organización de los Estados Americanos ya salieron juntos a defender la democracia guatemalteca y pidieron que se aplicara la Carta Democrática. Parece ser que el Consejo Permanente de la OEA se vuelve a reunir esta semana, para seguir discutiendo colectivamente, los diferentes actos que las autoridades del actual gobierno están llevando a cabo en contra del voto ciudadano y de la Democracia. Ojalá que por fin el Consejo Permanente de la OEA imponga la sanción máxima en contra del Estado de Guatemala, o sea suspender a Guatemala de participar en la OEA, hasta que restablezca la democracia.
La MOE de la Unión Europea, ya presentó a la prensa nacional e internacional una declaración preliminar sobre el proceso electoral en la segunda vuelta y expresó su preocupación por las diferentes acciones que el propio Estado de Guatemala está tomando, ya que socavan el derecho al voto de la ciudadanía. Similar preocupación expresó la MOE de la OEA. Y si a estas expresiones le agregamos las múltiples demandas y críticas del Pueblo de Guatemala en contra de las acciones de Consuelo Porras, Curruchiche y Freddy Orellana, podremos concluir que, hasta el momento actual, la Democracia está venciendo al Pacto de Corruptos y que hay que seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para consolidar este triunfo, hasta vencerlo definitivamente.
La Democracia genera un compromiso ético, político y jurídico con la administración de las instituciones democráticas. Transitar de la amenaza a la esperanza es fundamental para lograr el avance de los derechos humanos de la ciudadanía. Y en este momento todas y todos debemos cooperar para lograrlo. Incluso Giammattei, quien debería destituir a la Fiscal General en forma inmediata. Desde ese momento, Arévalo podrá impulsar un proceso de depuración del Sector Justicia y el concepto mismo de nuestra Democracia, continuará enriqueciéndose aún más.
