Los guatemaltecos hemos reconocido el mérito del Ministerio Público y la Fiscal General en el apoyo a la CICIG para destapar los casos de corrupción que se encuentran ya judicializados, pero es necesario insistir que desde hace años está creada la Fiscalía contra la Corrupción que sigue siendo un elefante blanco que no produce absolutamente nada. La CICIG no tiene medios ni capacidad para entrarle a todos los casos, pero nuestra contraparte tiene que demostrar al menos interés, no digamos agilidad, parar contribuir en la investigación de situaciones que han sido de dominio público.
Empezando por el delito cometido por los funcionarios que generaron deuda flotante porque contrajeron obligaciones para las que no existían partidas presupuestarias, ya es tiempo de que se muestre un aire con remolino. No digamos investigaciones concretas como las que debieran de complementar lo que se ha descubierto en Brasil respecto a los negocios en Comunicaciones y Obras Públicas, cartera que parece ser un dechado de honestidad si nos atenemos a la corrupción que se ha destapado.
Otro campo en el que hace falta siquiera un mínimo esfuerzo, que sería suficiente para destapar la cloaca de muchos años, es el de Energía y Minas, tanto en el ministerio respectivo como en instituciones como el INDE y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, entidades que por años han operado sin control ni fiscalización mediante el escudo de la característica “técnica” de sus decisiones no obstante que todos sabemos que nadie pasa sin saludar al rey.
Es inaudito, por ejemplo, que no se haga absolutamente nada con el que fuera ministro de Salud Pública, el doctor Villavicencio, quien tuvo el descaro de anunciar que disponía de recursos suficientes para montar un gran hospital privado, no obstante su mediocre carrera profesional en la que pudo destacar por ser un burócrata avorazado, pero sin que pudiera atribuir su fortuna a los méritos del ejercicio de la medicina.
Frustra ver que hay tanto sinvergüenza tranquilamente en la calle viviendo de los millones amasados por su descarada corrupción y que fuera de los casos que fueron escogidos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad como ejemplares, lo demás se ha ido quedando en el verdadero olvido.
Los fideicomisos públicos no son investigados a pesar de que son instrumentos diseñados específicamente para robarle al pueblo sin posibilidades de fiscalización, pero nadie mueve un dedo para pararlos, no digamos para investigar seriamente qué se hizo el dinero que mediante esa figura jurídica del derecho privado se escamoteó al pueblo.
