Ayer nuevamente la sociedad guatemalteca atestiguó otro día histórico en la lucha contra la corrupción, comparable sin duda a los eventos que culminaron con la captura del Presidente, la Vicepresidenta, sus secretarios privados y una serie de funcionarios de alto nivel implicados en actividades que pueden constituir delito. Si bien las acciones contra Pérez Molina y Baldetti son de enorme importancia, lo ocurrido ayer con la captura de jueces y magistrados acusados de poner en venta la administración de justicia es uno de los pasos más significativos en contra de la impunidad porque prostituir la aplicación de la ley es lo que nos ha llevado a la situación en que actualmente estamos.
Se trata de un magistrado acusado de intentar un soborno millonario para inclinar la balanza de la justicia a favor de una de las partes, de una jueza que fue contactada, con éxito, por el bufete de la impunidad para asegurar impunidad a los implicados en el caso de la defraudación aduanera, y de otra jueza célebre por sus fallos cuestionables, pero que se puso en evidencia por haber adquirido bienes que no corresponden al monto de sus ingresos legales, lo que da la idea de que algunos de esos fallos cuestionados pudieran haber sido influenciados por cohecho en la administración de la ley.
Por lo menos se trata de situaciones comparables por el impacto que deben tener en la sociedad guatemalteca. Ya no es posible que sigamos siendo un país en el que todo ocurre “legalmente” porque es así sancionado y marcado por jueces venales que se venden al mejor postor. Por años hemos visto que desde asesinos peligrosos hasta banqueros descaradamente ladrones, todos salen libres porque los tribunales no aplican la ley sino venden la administración de justicia.
Ni siquiera la seguridad jurídica del derecho de propiedad ha sido garantizada porque la llamada conflictividad agraria que hay en el país tiene mucho que ver con esa forma tan peculiar de administrar la justicia en Guatemala. Porque hay tanta impunidad es que no hay orden, no hay respeto a la ley ni respeto a la vida. Se suceden los asaltos en la calle con la misma facilidad que se suceden los negocios en el gobierno, en el Congreso, en las municipalidades y en el mismo sector privado porque hay jueces corruptos que se venden y son pilares de la impunidad que nos ha hundido.
Si la sociedad se congratuló cuando se logró llevar a la justicia a funcionarios acusados de enriquecerse ilícitamente, ver a los jueces que eran su garantía de impunidad también tras las rejas debe ser motivo de algarabía.
