Por: Alejandro Solórzano
Twitter: AlejandroSlrzn09
Analista parlamentario
Durante este año, hemos sido testigos de cómo la judicialización de los procesos electorales se ha convertido en una práctica preocupante que pone en tela de juicio la integridad del sistema democrático. La presentación excesiva de recursos y la utilización de maniobras legales, también llamadas “wizachadas”, para retrasar la oficialización de resultados electorales, erosiona la confianza en las instituciones.
La judicialización de las elecciones se ha producido a nivel administrativo ante el Tribunal Supremo Electoal desde el inicio del proceso, como también en materia judicial ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad negando la inscripción de candidatos, y ahora dilucidando “inconsistencias” en los resultados que equivalen a menos del 0.5%. Si bien es importante garantizar el derecho de los actores políticos a plantear inquietudes legítimas y denunciar irregularidades, el uso excesivo de recursos legales con fines dilatorios puede tener consecuencias negativas para la democracia, como hoy lo estamos descubriendo.
En primer lugar, la judicialización prolongada de un proceso electoral genera incertidumbre al sistema democrático. Cuando los resultados electorales no se oficializan de manera oportuna debido a los recursos presentados, se crea un clima de tensión y especulación. La demora en la oficialización de los resultados puede alimentar teorías de conspiración y debilitar la legitimidad de los ganadores electos, poniendo en duda la voluntad popular expresada en las urnas.
Además, la judicialización excesiva puede tener un impacto negativo en la estabilidad política y social de un país, como lo hemos vivido en las últimas semanas con un pronunciamiento claro por parte de los diferentes liderazgos del país y a nivel internacional. La incertidumbre prolongada puede generar tensiones y conflictos entre los diferentes actores políticos y sus seguidores, lo que podría desencadenar protestas y disturbios. Esto no solo socava la gobernabilidad, sino que también pone en riesgo la paz social y el respeto por el Estado de Derecho.
Otro desafío que enfrenta el actual proceso es la politización de los tribunales y el debilitamiento de su independencia con múltiples señalamientos de compadrazgo por parte de los actores recurrentes y sus vínculos con las personas que deben tomar la decisión en relación a los procesos judiciales.
Es fundamental encontrar un equilibrio entre el derecho a impugnar resultados y la necesidad de contar con procesos electorales transparentes y eficientes. Para ello, es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión electoral, fomentar la participación ciudadana en la observación electoral y promover la transparencia en todas las etapas del proceso electoral. Lo cual, como ciudadanía, logramos al evidenciar desde nuestra realidad la forma en que se ha llevado a cabo el actual proceso, fiscalizando como ciudadanos a través de redes sociales, comunicados, pronunciamientos y manifestaciones pacíficas.
Asimismo, se deben establecer plazos razonables para la resolución de conflictos electorales y garantizar la independencia y la imparcialidad de los tribunales encargados de su resolución.
La judicialización de un proceso electoral no debe convertirse en una estrategia para socavar la voluntad popular expresada en las urnas. La democracia requiere la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el respeto de los resultados electorales. Es responsabilidad de todos los actores políticos y de la sociedad en su conjunto preservar y fortalecer la integridad de los procesos electorales para garantizar un sistema democrático sólido y legítimo.
