En el Congreso de la República rondan rumores sobre la posible elección de los funcionarios. Foto La Hora / Archivo.
Foto de referencia. Edificio de la Corte Suprema de Justicia. Foto: La Hora/AGN

A casi cuatro años de la prolongación de funciones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA), finalmente podría haber una salida a esta situación. En el Congreso de la República rondan rumores sobre la posible elección de los funcionarios para el período 2019-2024, el cual concluiría el 13 de octubre del próximo año.

El pasado viernes 14 de julio, La Hora publicó que el Congreso pretende elegir a los magistrados de las cortes de justicia antes que la actual legislatura termine su período. Sería el partido oficial, VAMOS, el que busca los consensos para que en una sesión extraordinaria se haga la designación, y para ello necesitaría los votos de los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Esta Redacción consultó a expertos en el tema, quienes no descartaron la posibilidad de un nuevo amaño en las elecciones de magistrados, puesto que una investigación de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) reveló que varios de los que actualmente ocupan dichos cargos habrían sido puestos a dedo, mediante la creación de una estructura paralela a las Comisiones de Postulación.

HABRÁ AMAÑO Y NEGOCIACIONES POLÍTICAS

Los magistrados fueron elegidos en 2014, en el penúltimo año del gobierno de Otto Pérez Molina. En ese entonces fueron designados para estar en sus puestos entre 2014 y 2019. Sin embargo, su estadía se prolongó casi otro período, pasando por los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.

Para Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento ProJusticia, “sin duda alguna habrá negociaciones políticas” entre los diputados que eligen las cortes del país para posicionar a ciertos magistrados, y de esa cuenta obtener un beneficio a cambio de impunidad o dinero en efectivo.

“No puede haber una elección de esa naturaleza sin negociaciones políticas”, sostuvo Ibarra, y explicó que es un grupo de diputados dentro del Legislativo el que propondrá a ciertos candidatos, y los demás congresistas que responden a la alianza oficialista votarán por ello.

“Los diputados que no fueron reelectos quieren dejar amarradas algunas negociaciones a favor o en contra, y por ello piden impunidad a cambio de votos”, explicó.

Según la nota: “Alianza oficialista con acuerdo para elegir Cortes”, los diputados de los partidos que alegaron un supuesto “fraude electoral” en las elecciones generales 2023, tras pasar a segunda vuelta el binomio presidencial del partido Movimiento Semilla y la UNE, darán sus votos para elegir a las Cortes.

ELECCIONES SON PARA FINALIZAR PERÍODO

Ibarra advirtió que existen dos probabilidades en las acciones de los congresistas para integrar las cortes: elegir para finalizar el período correspondiente a 2019-2024, o prolongar sus funciones de nuevo con un período de otros seis años que abarcaría este último sumándose al de 2024-2029.

En tanto, Pablo Hurtado, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explicó que los cargos públicos son desempeñados durante un plazo similar al de la Corte de Constitucionalidad (CC), y de esa cuenta los magistrados electos deberán completar el período 2019-2024, que concluye en octubre del próximo año.

“Ese es el criterio que la Asociación comparte”, refirió Hurtado. En caso que el Congreso quiera prolongar sus funciones por seis años, para no convocar de nuevo a elecciones de cortes, “será la Corte de Constitucionalidad la que deberá resolver”, dijo el entrevistado.

UNA CSJ QUE RECUERDE QUIÉN LOS ELIGIÓ

Luis Fernández Molina, exmagistrado de la CSJ, catedrático universitario y abogado constitucionalista, coincidió con Ibarra y Hurtado tanto en que los magistrados que sean elegidos sólo deben finalizar el período actual, y también en que cabe la posibilidad de que haya un amaño de las elecciones, al cual él denominó una “componenda y acomodo”.

“Esas elecciones están de compadre hablado. Lo que ahora hará el grupo dominante en el Congreso será colocar las opciones más cómodas respecto al futuro, porque ellos entregarán el 14 de enero, y quieren una Corte Suprema de Justicia que recuerde quién los eligió”, sostuvo.

PROCESO ENTRAMPADO

El Congreso es el encargado de elegir a los magistrados de la CSJ y de la CA para cada período de cinco años, no obstante, ha retrasado el proceso.

En mayo de 2020, la CC ordenó que se eligiera a los nuevos funcionarios judiciales, excluyendo a quienes podrían estar vinculados al caso Comisiones Paralelas 2020, pero en las sesiones no existen consensos ni avances.

Entre los magistrados de estas dependencias se encuentran quienes representan la máxima autoridad del Organismo Judicial, su cargo ha durado casi nueve años.

La máxima autoridad de este organismo de Estado está formada en la actualidad por diez funcionarios, de los cuales ocho llegaron al cargo por la supuesta intervención de Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi, según una investigación en la cual participó la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Según la presentación de la CICIG, Baldizón y Sinibaldi se repartieron a los candidatos que figuraban en la nómina de 26 profesionales del derecho que aspiraban a integrar la CSJ para el período 2014-2019.

Cada uno sostuvo entrevistas con un grupo de quienes competían por los referidos cargos.

Conoce el caso aquí

 

Diego España
Escribo sobre política, justicia y sectores vulnerables. Comprometido con la memoria histórica y en informar verazmente. Considero que las disidencias nos hacen ver y cuestionar la realidad haciéndonos más humanos.
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