El voto es un derecho y un deber cívico inherente al ciudadano. Los ciudadanos gozan de absoluta libertad para emitir su voto. Grupos conservadores que por años han tenido el control de los organismos del Estado, en las elecciones del 25 de junio anterior, recibieron un rotundo rechazo de la población. Mediante argucias leguleyas tratan a toda costa de revertir el resultado de las elecciones, con argumentos frívolos que denotan una absoluta incapacidad del Tribunal Supremo Electoral, que le ha endosado la responsabilidad a las juntas receptoras, dentro de las acciones de amparo de varios dirigentes políticos, que recibieron un no de la población, que la CC ordenó que se cotejaran las actas de cierre de las votaciones. Las audiencias de revisión concluyeron. Ahora compete al TSE, que ha sido un simple espectador inútil del proceso electoral, deberá resolver y ratificar la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas.
La ley indica: el voto es un derecho y un deber cívico. Los dirigentes de los partidos que el guatemalteco les dio un duro revés, tratan de empañar la voluntad del pueblo judicializando las elecciones. Que llegue el 20 de agosto para realizar la segunda vuelta y elegir a los funcionarios de las instituciones del Estado: presidencia de la República, Congreso, Corporaciones Municipales, que la elección entre los ganadores Sandra Torres y Bernardo Arévalo, no se realice y que los actuales gobernantes continúen, después del 14 de enero entrante, cuando deben dejar el cargo, de acuerdo con lo que norma la Constitución. De ser así, sería un golpe de Estado y contra la semidemocracia que tenemos.
La voluntad del pueblo debe prevalecer a toda costa y es responsabilidad del órgano electoral, dar la validez de las elecciones y proceder con arreglo a derecho y no permitir que los usurpadores del pueblo, quieran hacer lo que el guatemalteco no desea y si fuese así, reivindicar las acciones de agosto del 2015, cuando todos se unieron y echaron del poder a los corruptos Pérez Molina y Baldetti que guardan prisión.
Se ratificó de acuerdo con el cotejo y revisión de las actas de votación que el ganador de la comuna capitalina fue la reelección de Ricardo Quiñónez, que tendrá que negociar en su Concejo, quedará conformado por grupos de diversas corrientes ideológicas.
Por los incidentes que se dieron en varias poblaciones y hubo inconformidad de la elección y reelección de alcaldes, el órgano electoral, está obligado a que se anulen los comicios de esas corporaciones, de municipios de Retalhuleu, de Alta Verapaz, y de los municipios del departamento de Guatemala, por la quema de papeletas y la inconformidad de los que no lograron su objetivo.
Varias entidades nacionales e internacionales que tuvieron observadores a lo largo del proceso electoral, exigen a las autoridades electorales que se dé certeza y credibilidad a las elecciones, que se cumpla con la decisión del guatemalteco y que el proceso electoral no se judicialice, porque sería un error, que podría traer graves consecuencias con la insipiente y deteriorada democracia que hemos tenido en los últimos 40 años. Se ha cuestionado con mucha razón la potestad de la CC lavándose las manos y el rostro y traslado las acciones a la CSJ que ordenó al TSE cumplir con el amparo del órgano constitucional. Es el pueblo que debe estar vigilante y exigir que se cumpla lo expreso en las urnas y se convoque a la segunda ronda y se termine con esta incertidumbre, se diga quién de los dos que van a la segunda ronda electoral y quién debe ser el próximo presidente.
