En acatamiento de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, no obstante que admitió que no era competente para conocer el Amparo contra el TSE, se tiene que hacer una revisión de las actas debido a las denuncias sobre algunas actas mal realizadas por los integrantes de unas cuantas juntas receptoras de votos. La ley es clara de que los amparos contra el TSE los conoce la Corte Suprema de Justicia, pero como estamos en un país donde la ley es violada por quienes tienen la obligación de aplicarla, resulta que la CC, que fue integrada dentro de los pactos para asegurar impunidad, si trasladó el amparo, pero ya resuelto.
En todo caso, al revisar la cantidad de actas que se han publicado con deficiencias o errores, la verdad es que el número resulta ínfimo con respecto a la cantidad de mesas electorales que funcionaron el pasado domingo en todo el país. Anulando todas las actas que tienen problemas burdos no cambiaría el resultado de la elección y por ello es que tanto en Guatemala como desde el extranjero se clama por el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
El problema es que los que controlan el sistema creyeron en las encuestas y se confiaron de que nadie que fuera antisistema o que no hubiera pactado con ellos para garantizarles impunidad podría obtener votos suficientes como para ir a segunda vuelta. La sorpresa del domingo fue mayúscula para todos y por ello se movieron las pitas necesarias para que, a partir de la elección de Alcalde de la Ciudad de Guatemala, en donde se daba una cerrada contienda, se pegara el grito de fraude para promover esa acción de varios partidos que buscan anular la elección del 25 de junio.
Aun aceptando la intromisión de la CC, lo que procede es revisar nuevamente las actas y descartar aquellas que tengan errores insalvables, pero el resto de las actas tienen que mantener su validez y, por lo tanto, se deben preservar y avanzar para dejar la vía libre para una segunda vuelta.
Burda resulta la postura del gobierno calificando como violación a la soberanía el llamado de la comunidad internacional a respetar la voluntad popular, dejando en evidencia sus verdaderas intenciones en el manoseo que, junto a los magistrados que son sus aliados, pareciera estar en marcha.
¿Quién se puede oponer o considerar intromisión un simple llamado a respetar la voluntad popular? Únicamente aquellos que tienen planes macabros para revertir la decisión de los electores manifestada en las urnas y que no por sorpresiva deja de ser voluntad popular.
