Grupo de Naciones Unidas señala que la justicia no ha demostrado necesidad de prisión para Laparra

Mónica Duarte

Con el contexto de la detención de la exjefa de la sede de Quetzaltenango de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, la cual se llevó a cabo el 23 de febrero de 2022 en Quetzaltenango, la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) indicó en un comunicado que dicha decisión es, “arbitraria y contraria al derecho internacional”.

De esa cuenta, el GTDA destacó que los órganos de justicia guatemaltecos incumplen su obligación de demostrar debidamente la necesidad de que Laparra permanezca detenida, ni ha demostrado la existencia de riesgo de fuga u obstaculización de la justicia.

Además, el Grupo mencionó que la prisión es una medida excesiva y que no corresponde con los delitos –menores y no violentos– de los que se acusa a la abogada.

En consecuencia, el GTDA exige al Gobierno de Guatemala que adopte “sin dilación” las medidas necesarias para remediar la situación de Laparra, señalando que el medio adecuado es permitir a la exfiscal afrontar los procesos penales pendientes en libertad, además de concederle las reparaciones correspondientes por lo sucedido, describe el documento.

 DETENCIÓN POR EJERCER DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES

Al contrario, dicho documento también agrega que Virginia Laparra está detenida por ejercer los derechos y libertades fundamentales, que reconoce y protege el Derecho Internacional de los Derechos Humanos: Toda persona acusada tiene el derecho a defenderse, a través de los recursos que la ley le otorga, y ser detenida por ejercerlo es una respuesta inadecuada y contraria a las obligaciones del Estado de Guatemala, se lee.

La detención de Virginia Laparra ha sido y es arbitraria, por lo tanto, contraria al derecho internacional, por lo que el Estado de Guatemala debe “liberar” a la ex Fiscal Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango “sin dilación”, resolvió el GTDA en su decisión 24/2023.

Adicionalmente, el Grupo instó a que se realice una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias de la detención arbitraria, y se adopten medidas pertinentes contra los responsables. El GTDA realizará seguimiento a su resolución en los próximos meses para verificar su cumplimiento, según puntualizaron en el comunicado.

Exigimos al Estado darle cumplimiento a esta importante decisión a la brevedad”, expresaron.

Por su parte, el GTDA es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que investiga casos de detenciones impuestas de manera arbitraria o incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos.

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