De los 30 partidos políticos que se encuentran inscritos en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, solamente 27 firmaron el Pacto de no Agresión, con miras a las Elecciones Generales que se llevarán a cabo el próximo 25 de junio de 2023.
Lo que esperaba con esta firma los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), es un acuerdo nacional y que la campaña electoral, que ya le restan 16 días, sea una fiesta, un evento sin violencia.
Los Partidos Políticos debían promover entre sus correligionarias un proceso con integridad, que fortaleciera la democracia y un Estado de Derecho, pero sobre todo un ambiente de paz, respeto, inclusión y algo muy fundamental como es la ética, pero una vez más los “politiqueros” demuestran que no tienen nada de lo firmado, que son unos entes fallidos, que son utilizados como un “vehículo” para llegar a un cargo público, sin convicción e ideología.
Los “politiqueros” siguen demostrando que no están preparados para hacer una campaña electoral de altura, como la que se merecen los guatemaltecos, sino que ese proselitismo demagógico que nos tienen acostumbrados, sin propuesta y sin discurso, pero sobre todo incumpliendo las normas estipuladas para un evento que debiera ser una fiesta ciudadana y no un circo como el que hemos visto hasta el momento.
El TSE tenía el sueño, que no se le ha cumplido, de garantizar unas elecciones íntegras para fortalecer la incipiente democracia guatemalteca, pero como puede lograr este enunciado si ellos mismos no han limpiado la casa y varios de sus “honorables magistrados” se han visto envueltos en temas de “corrupción” y han perdido de credibilidad que les hecho ganarse una reputación negativa.
Incluso los “honorables magistrados” se han visto seriamente criticados por la compra del sistema alterno de transmisión de datos y resultados preliminares para el día de las Elecciones Generales, no tanto por el costo que sobrepasa los Q148 millones, sino que por la forma como se ha hecho la adquisición y el fantasma del fraude electoral, porque con estas herramientas se pueden hacer procesos anómalos.
Muy astutamente las Juntas Electorales del Departamento de Guatemala y la del Distrito Central adquirieron dos servicios más para que trabajen con la de la firma Datasys, la cual no tiene la venia de los entes fiscalizadores del evento que se avecina.
Para terminarla de amolar el TSE no ha sido lo transparentemente que se esperaba, su presidenta Irma Elizabeth Palencia se ha empecinado en no ser tolerante a la crítica y se molesta cada vez que los medios de comunicación intentan hacerle preguntas que le incomodan y su reacción es ignorar las interrogantes de los comunicadores, lo cual demuestra incluso una falta de respeto y de profesionalismo.
Los Partidos Políticos también dan fe de la falta de información por parte de los magistrados electorales y en varias ocasiones han asegurado que las compras que se han hecho para el proceso electoral que se encuentra a la vuelta de la esquina, se han enterado por los medios de comunicación y no por la vía oficial, tal como debería de ser.
Pero lo más lamentable de todo lo hecho por el TSE es que no han cumplido con la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y esto no lo dicen los medios de comunicación, sino que los integrantes de la Junta Electoral Departamental, que confirmó que la adquisición del sistema valorado por Q148 millones fue cargado a Guatecompras un mes después de haberse dado el visto bueno.
Con este tipo de acciones como la magistrada presidenta Palencia, no quiere que se le critique y cabe hacerle el recordatorio de que los fondos públicos no han sido generados por su persona y que debe ser transparente en el manejo de los mismos, porque ella es cuentadante de los impuestos y que dichos fondos sirven para buscar desarrollo en el país y no para cumplir sus caprichos personales.
