Eduardo Villatoro
Una determinante resolución de la Corte de Constitucionalidad me asombró gratamente la tarde del sábado cuando leí en La Hora la noticia referente a que la CC amparó por unanimidad a tres comunidades indígenas del departamento de Quiché en su lucha denodada para defender sus legítimos intereses.
Como ocurre en otras regiones del país, cuando los habitantes de aldeas y municipios han protestado infructuosamente por decisiones adoptadas por funcionarios del Ministerio de Energía y Minas al autorizar arbitrariamente la exploración y explotación de extensas áreas de las jurisdicciones afectadas, puesto que ni siquiera exigieron a las empresas transnacionales los estudios de impacto ambiental, como lo regulan las normas establecidas; los vecinos de las aldeas Trapichitos, Sumal Chiquito y Nuevo Amanecer, ubicadas en Nebaj, plantearon un recurso de amparo contra el MEM porque autorizó el funcionamiento de la hidroeléctrica La Vega 1, por un período de 50 años, sin consultar con las comunidades mencionadas, tal como ha ocurrido en numerosos casos similares.
En mi calidad de guatemalteco me he opuesto a que poderosas compañías exploten los recursos naturales no renovables del país, a cambio de proporcionar una miserable limosna en concepto de utilidades, mientras que el entorno geográfico donde operan es prácticamente destruido, especialmente áreas boscosas y corrientes de agua que han sido fuente de vida para las comunidades y que por muchos esfuerzos que intenten hacer, se ven obligados a resignarse a que su medio ambiente sea arrasado y sus terrenos invadidos, por la voracidad de las empresas extractivas que se protegen mediante sobornos a las autoridades del MEM, que se amparan en la corrupción prevaleciente aún en las más esferas del Estado.
Sostengo el criterio de que se autorice el funcionamiento de pequeñas o medianas empresas hidroeléctricas, sobre todo de capital nacional, siempre y cuando participen en condición de socios los miembros de las comunidades y que sus parcelas sean adquiridas por precios honorables, previas consultas comunitarias, conforme los estándares internacionales aplicables, tal como señala la resolución de la CC, que subraya que esas asambleas deben ser concebidas como “Un diálogo intercultural de buena fe, en el que se busque el consenso y el acomodo recíproco de los intereses legítimos de las partes”.
Probablemente el amparo concedido por la CC a los vecinos de las aldeas ya citadas, no agrade a grupos ambientalistas radicales. En lo que a mí respeta, que no estoy atado a ninguna organización política o ecologista de escritorio, considero que es un fallo de tono conciliador que debería sentar precedentes para otras denuncias planteadas por comunidades de la misma o parecida naturaleza, especialmente en lo que atañe a la explotación de minas de cielo abierto.
(El ignorante Romualdo Tishudo cita a Albert Einstein: – La vida es como montar bicicleta; para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando)
