A Virginia Laparra, presa política, recién galardonada con el Premio Quetzal, en Bélgica.
Víctor Ferrigno F.
Un fiscal y una juez interpretan como delito el derecho constitucional de los periodistas a decir nuestra verdad. Nuestras opiniones periodísticas son consideradas actos que obstruyen la justicia, y nuestra actividad gremial es catalogada como asociación ilícita. El colmo es que a Virginia Laparra, y a otros operadores de justicia injustamente criminalizados, se les niega medidas sustitutivas, aduciendo que periodistas y ciudadanos se pronuncian en su apoyo, como si expresar ideas equivaliera a lanzar bombas incendiarias.
¡Qué absurdo más grande! Así violentan garantías tuteladas por nuestra Carta Magna y múltiples tratados y convenciones firmadas y ratificadas por Guatemala, haciéndole un daño enorme a la Democracia y al Estado de Derecho.
Es en el anterior contexto que el actual gobierno se ha ensañado contra el periodista José Zamora Marroquín y contra el diario elPeriódico, y el Ministerio Público ha iniciado investigaciones espurias contra dos columnistas de ese diario, Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín, y contra los colegas Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Velix, Alexander Valdez, Rony Ríos y Denis Aguilar sindicándoles, entre otros, del delito de obstrucción a la justicia por ejercer la libertad de prensa, lo cual constituye una flagrante violación al artículo 35 de la Carta Magna.
Por este acoso gubernamental y el contubernio de la CSJ, reporteros, columnistas y trabajadores de la prensa realizaron un plantón contra la censura y la persecución de periodistas, el sábado 4 de marzo, en la Plaza de los Derechos Humanos. Además, decenas de entidades de prensa, nacionales e internacionales, han condenado la política represiva de Giammattei, Consuelo Porras y la CSJ, demandando respeto a la libertad de expresión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó, en su informe anual sobre la situación de garantías fundamentales en las Américas en 2022, que las tendencias de “debilitamiento” de la democracia y los ataques a la independencia judicial en la región son “preocupantes”.
“La CIDH ha observado obstáculos para el ejercicio de la labor periodísticas; la violencia y criminalización contra personas defensoras y periodistas – asesinatos, acoso, intimidación, asesinatos, criminalización”, reza el informe.
Además, la CIDH también advirtió sobre la persistencia de “un grave contexto de riesgo a la labor periodística debido a la continuación de actos de violencia y procesos de criminalización y persecución judicial”. La Comisión concluye que esta estrategia se desarrolló “con el fin de favorecer a estructuras y grupos de poder interesados en asegurar la impunidad”, confirmando que en Guatemala vivimos en un Estado de hecho, no de Derecho.
La CIDH también identificó a los principales operadores de estas violaciones de los DD. HH., señalando que estos hechos de persecución ocurren en un contexto de “señalamientos sobre la falta de independencia del MP y su fiscal general por su rol en la persecución judicial”.
En Guatemala, el ejercicio del periodismo bajo asedio es una práctica común, como demuestra el informe del Observatorio de los Periodistas de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), divulgado el pasado mes de enero, el cual consigna que durante el período de gobierno de Giammattei, se han registrado 404 agresiones contra la prensa: 149 en 2020, 135 en 2021, 117 en 2022 y 3 durante las primeras dos semanas del 2023. Así, el actual gobierno acumula la mayor cantidad de agresiones, ataques, hostigamientos y censura contra la prensa.
La actual administración, que ha cooptado casi todas las instituciones estatales, las utiliza para atacar a la prensa. En el reporte de 2022, el Observatorio de los Periodistas de la APG registró 117 casos contra la prensa en los que están involucradas autoridades y fuerzas de seguridad y empleados públicos, equivalentes al 59% del total. En muchos de estos casos están relacionadas autoridades del Ejecutivo y/o trabajadores de alguna dependencia gubernamental, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Congreso de la República, el Organismo Judicial, el Ministerio Público (MP) y la Corte de Constitucionalidad (CC).
Entre las agresiones a la prensa se incluyen obstrucción a la fuente (36), amenazas (16), intimidación (16), acoso judicial (12), difamación (10), desplazamiento forzado y exilio (2). Según la APG, “uno de los principales patrones de ataque normalizado por este gobierno es el acoso judicial, mediante la interposición de denuncias espurias, censura judicial para evitar la publicación de determinados temas o que se mencione a funcionarios en específico, así como la citación a declarar a periodistas por su labor. Para esta labor Giammattei cuenta con el irrestricto apoyo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscal General, María Consuelo Porras”.
Quienes defendemos la libertad y la democracia sabemos que a través de la libertad de expresión se manifiestan las demás libertades políticas y los derechos primarios básicos, como el derecho a la vida, a la paz y la igualdad solidaria y fraternal entre los seres humanos.
Como señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si existe libertad de prensa”.
Es evidente que acallar la libertad de expresión, a las puertas del proceso electoral, conlleva la intención del pacto de corruptos de suprimir las denuncias de anomalías y fraudes durante el proceso, que se avizora plagado de anomalías.
En opinión de Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cierre de elPeriódico y el juicio en contra de su fundador, José Rubén Zamora Marroquín, son evidencia del deterioro acelerado de la Libertad de Prensa y la democracia en Guatemala. “El cierre de un medio de tanta trayectoria en vísperas de unas elecciones no es un hecho que pueda pasar inadvertido y que da pie a que se resten credenciales de pluralismo cuando lo que se espera de los Estados son mayores garantías para el ejercicio de derechos y libertades”, agregó.
