Álvaro Pop
La mitad de la población de Guatemala es indígena.
En términos biológicos y de herencia son mucho más.
Sin embargo, el racismo, la exclusión y la marginación hacen que muchos indígenas soporten sus apellidos, pero no el debate de su identidad; soporten el racismo educativo, pero no abandonen su lucha por participar de “la modernidad en un país en donde todos somos guatemaltecos” así que no se denominan Mayas o Xinkas ante el registrador civil o simplemente el funcionario no se los pregunta. Es el resultado del racismo estructural y naturalizado. Los calificativos de “tenés pisto, pero sos indio”, “soy pobre, pero no indio”; “indio al fin”. La presión del racismo no escrito, no legal, pero cotidiano y naturalizado es muy fuerte y su consecuencia es que muchos guatemaltecos, hombres y mujeres de ascendencia Maya se autoexcluyen de la denominación Maya o Xinka.
Quienes lo han sufrido más el racismo y la discriminación son las mujeres. Su tenacidad por el uso de su traje, el hablar, los idiomas ancestrales, el cuidado de las semillas de os productos de producción agrícola, la sobrevivencia diaria, y por soportar la presión social de sus comunidades para seguir siendo “el pilar de la cultura” las han convertido en la última línea de defensa cultural ante la discriminación y el racismo.
Aun con este sufrimiento, los Mayas en Guatemala somos más del 43% según el último censo. Censo que hay que decirlo, mal hecho y calificado en términos de recolección de la información étnica.
En esta tercera década del segundo milenio de la era cristiana, el Estado de Guatemala tiene la obligación de rescatar sus compromisos constitucionales y atender la deuda histórica con los pueblos indígenas.
Esta deuda se refleja en los datos oficiales que permiten dibujar mapas que recogen la ubicación de la población Maya de Guatemala. El mapa de la pobreza extrema, el mapa de la desnutrición crónica, el mapa del origen de los migrantes en este milenio y de las remesas que envían es contundentemente claro: es una realidad de Pueblos Indígenas. Así que los más pobres, los más desnutridos crónicamente, los migrantes y los que envían las remesas son miembros de los pueblos indígenas. Y según los informes del Consejo de Seguridad Nacional, son las regiones indígenas las que tienen los menores índices de delincuencia común.
Tomando en cuenta este contexto, considerando los compromisos asumidos por todos los sectores involucrados en la negociación de los Acuerdos de Paz; reconociendo la evolución de los procesos sociales y políticos de las comunidades; apreciando la urgente necesidad de la reforma de Estado con visión de largo plazo; aplicando dentro del país los compromisos de Estado asumidos en el ámbito internacional; reconociendo que el cumplimiento constitucional es la primera y fundamental orientación de la política pública existente y las que se debe elaborar ante las necesidades precisas de la sociedad, escuchando diferentes voces, reconozco que la ruta del país debe considerar los aspectos que se mencionaron en el artículo anterior y los siguientes temas.
La cobertura gubernamental de salud y educación. De manera armónica, coordinada y articulada. De tal manera que ambas se reflejen en un aumento de la infraestructura de escuelas y centros educativos de nivel medio con los centros de salud y hospitales. La estrategia de educación preprimaria / primaria deberá́ armonizarse con la cobertura y los servicios de salud preventiva y de primer nivel. De tal manera que responda la lógica cultural ancestral de los pueblos indígenas de tener días para mercado, centros de reunión y un calendario agrícola. La efectividad de esta estrategia ha sido ya puesta en marcha y reconocida por el sistema bancario en lo que respecta a atención de remesas, uso del idioma y horarios.
(Continúa)
