Esta semana fue noticia, por un video que se hizo viral en las redes sociales, la captura de cuatro presuntos asaltantes señalados de robar a automovilistas en la zona 9 de la ciudad capital y la Policía Nacional Civil procedió a la captura de los sindicados, explicando que los mismos están vinculados a otros hechos delictivos. La misma PNC difundió otro video en el que detallaba que en seguimiento a las denuncias ciudadanas y por la agilidad de los agentes, se logró la detención de manera casi instantánea, agregando que todos los arrestados tenían antecedentes penales.
Ayer, sin embargo, los sindicados quedaron en libertad por decisión de los titulares de dos juzgados. El Ministerio Público, a cargo de la presentación de los casos y las pruebas, no los acusó de los robos que habían quedado grabados, sino que a unos por el delito de posesión de droga para el consumo, mientras que al resto por escándalo en la vía pública. Los implicados fueron realmente detenidos por vecinos indignados que vieron cómo robaban a los automovilistas y los vapulearon antes de que la PNC se los llevara al calabozo.
Las versiones de la policía y del Ministerio Público difieren radicalmente, pero el juzgado tenía que limitarse a conocer los casos de acuerdo a la acusación formulada por los fiscales. Así es como “funciona” el sistema de justicia y el MP no ha emitido ninguna explicación sobre por qué no basó la sindicación en las pruebas que mostró la Policía en su video tras la captura de las cuatro personas.
No puede ser motivo de sorpresa que pasen estas cosas, puesto que si algo anda muy mal en el país es cabalmente la administración de justicia. Se puede preguntar uno sobre la actuación de los jueces, que enviaron a sus casas por falta de mérito a quienes aparecían en videos robando a automovilistas. También cabe expresar la duda sobre el comportamiento de los fiscales, que no formularon cargos por ese delito sino por otros de menor importancia, y hasta cabe dudar de la actitud policial, si es que no le proporcionaron a los fiscales la información que compartieron en su red social.
El caso es que cada día nos tenemos que ir acostumbrando más a que personas vinculadas a ciertos procesos y contra las que, aparentemente, hay pruebas suficientes, salen tranquilamente de la prisión para continuar con su vida y todo lo que ello implica, tanto para ellos como para el resto de la sociedad. Por ello nuestra constante preocupación por la destrucción de nuestro Estado de Derecho.