Cuando escribo estas líneas dos hechos han llamado mi atención. El primero de ellos es el sorprendente ascenso en las encuestas de Carlos Pineda Sosa, candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana. El segundo de ellos, el mensaje vía Twitter del líder de la Fundación contra el Terrorismo anunciando que un juez dictó orden de aprehensión contra el “delincuente terrorista” Gustavo Meoño Brenner. Los dos hechos están vinculados, aunque Pineda Sosa no estuviera vinculado a Ricardo Méndez Ruiz.
Estamos asistiendo a una reedición del fenómeno Jimmy Morales de aquellas elecciones de 2015. Aparente outsider de la política como Morales, en verdad Pineda tiene rato de estar participando en política. Estuvo asociado a los hijos de Manuel Baldizón en una de sus múltiples intentonas partidistas. Baldizón en 2018 fue encarcelado en Estados Unidos por lavado de dinero y conspiración. Pineda fue considerado como candidato vicepresidencial acompañando a Mario Estrada. Estrada fue capturado en 2019 también en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración para asesinar a oponentes políticos. Al igual que Nayib Bukele es avezado en manejo de redes sociales y comparte con éste una visión autoritaria para resolver la delincuencia común. Pineda es hijo de un personaje cercano al expresidente Carlos Arana Osorio, implicado en crímenes de lesa humanidad en los sesenta y setenta del siglo pasado. También es un próspero empresario en plátano, palma africana y rambután.
En caso de que Pineda fuera como Morales en 2015, el sorpresivo triunfador en las elecciones presidenciales del próximo junio de 2023, ¿significaría una ruptura con los intereses dominantes de la gobernanza criminal en Guatemala? Difícilmente eso sucedería. Pineda concentra en su persona la tradición anticomunista que hoy aparece como neofascismo. Se encuentra igualmente vinculado a personajes corruptos y delincuenciales y finalmente está estrechamente ligado al extractivismo. Comparte pues algunos de los principales rasgos del bloque en el poder que hoy se encuentra detrás de la naciente dictadura en que ha desembocado la paz firmada en 1996.
En Guatemala el mensaje de Méndez Ruiz anunciando la orden de captura contra Gustavo Meoño es el indicio de cómo el neofascismo expresa lo que es la voluntad mayoritaria del bloque dominante en el país. Nuevamente el terror, esta vez de carácter judicial, expresa la cultura política del bloque en el poder constituido por la rancia oligarquía y sus agregados recientes, los delincuentes de cuello blanco enriquecidos con el erario, el crimen organizado y la derecha neofascista. El terror ha rendido frutos: un recuento conservador nos indica que aproximadamente han tenido que salir al exilio 53 exfiscales, exjueces, magistrados, periodistas, exintegrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) comunicadores comunitarios, activistas de derechos humanos.
Los motivos del encono los menciona claramente Méndez Ruiz en su mensaje: los antiguos “subversivos”, sus aliados y herederos tendrán que pagar ante la justicia de igual manera que lo hicieron “los veteranos de guerra del ejército de Guatemala que lucharon con la ley en la mano en contra de quienes pretendieron instaurar un régimen comunista por la vía del terror”. La derecha neofascista tiene sed de venganza como también la tienen todos los que fueron procesados en el contexto de los trabajos de la CICIG. La naciente dictadura de la gobernanza criminal tiene presente y quiere vengarse de lo logrado por la comunidad de derechos humanos y la CICIG en materia de justicia transicional y lucha contra la corrupción.
En Guatemala se logró una condena por genocidio a un ex jefe de Estado (Ríos Montt) y más de 60 militares, policías, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil han sido y siguen siendo procesados por crímenes contra la humanidad.
Entre 2008 y 2019 la CICIG identificó a más de 70 estructuras clandestinas de crimen organizado y corrupción, fueron procesadas más de 660 personas, 120 casos de alto impacto fueron judicializados, se presentaron más de 100 solicitudes de antejuicio contra funcionarios públicos y se obtuvieron 400 condenas. Un presidente, una vicepresidenta, varios expresidentes, exministros, diputados, narcotraficantes, empresarios y alcaldes fueron procesados y condenados. La CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) obtuvieron un 85% de eficiencia judicial. Todo esto terminó con el arribo de Donald J. Trump a la Casa Blanca, contexto en el cual se logró la expulsión de la CICIG en 2019. El lobby ultraderechista con el Washington ultraderechista rindió frutos que Biden no ha querido o no ha podido revertir.
Los acuerdos de paz de 1996 abrieron un espacio político en el cual florecieron organizaciones y activistas por los derechos humanos, ambientalistas, antiextractivistas, feministas, diversidad sexual. También floreció la justicia transicional y la lucha anticorrupción. Todo esto es lo que quiere hacer desaparecer la dictadura que hoy se está instaurando en Guatemala. Para el reaccionario bloque en el poder ha llegado la hora de la venganza.
