Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
No cabe la menor duda de que Guatemala viene viviendo momentos muy especiales y el ojo de la opinión pública se mantiene centrado, desde hace muchos meses, en los escándalos de corrupción que alcanzan a las principales figuras del gobierno y del entorno político nacional. Tan concentrados hemos estado en esos temas, de verdad fundamentales para iniciar un proceso de transformación en el país, que hemos pasado por alto otras cuestiones relacionadas con el clima de impunidad y corrupción en la administración de justicia.
El 26 de marzo de este año se publicó una información en Prensa Libre afirmando que la Sala Primera de Femicidio había revocado la resolución del juez Mynor Barrera que otorgaba libertad bajo fianza a los sindicados de haberse alzado con los depósitos de los clientes de Bancafé. En la misma nota se decía que los abogados de los directivos de Bancafé estaban ya pagando las fianzas de 150 mil quetzales que les habían fijado.
Los rumores sobre la liberación de los directivos del banco circularon en esos días, pero autoridades del Sistema Penitenciario negaron que se hubiera materializado la liberación por medida sustitutiva, no obstante que en redes sociales ya había fotografías en las que se veía a algunos en libertad gozando de la compañía de amigos y familiares.
La Hora logró comprobar justo el 16 de abril de este año que el Sistema Penitenciario había engañado a la prensa, y que los sindicados por el caso Bancafé habían, efectivamente, sido liberados mediante una resolución dictada por un juez suplente que se puso a tiro para resolver a favor de los cinco directivos que continuaban en prisión justamente para evitar que pudieran borrar evidencias que les incriminaran. En ese caso la consideración de los juzgadores había sido que tenían que estar en prisión preventiva por el peligro de fuga y porque en libertad tendrían acceso a destruir pruebas.
Es importante ver la fecha en que se confirmó la liberación de los detenidos por el Caso Bancafé, puesto que ocurrió precisamente el 16 de abril de este año, fecha en la que Guatemala quedó conmocionada cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad realizó las primeras capturas y allanamientos por el caso La Línea, evidenciando la participación del Secretario Privado de la Vicepresidenta Roxana Baldetti.
Si algunos se pueden considerar en algún sentido como beneficiarios de La Línea son los cinco sindicados del caso Bancafé porque ya nadie le puso atención al escándalo de su liberación mediante una de las tantas argucias procesales que se dan en nuestro país como elemento de impunidad.
No fue sino hasta ayer que el caso volvió a cobrar notoriedad cuando la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución que obligará al a Corte Suprema de Justicia a volver a conocer la solicitud para que ese proceso sea asignado a un tribunal de Mayor Riesgo, como debió hacerse por los evidentes contactos de los sindicados que podrían mover piezas, como en efecto lo hicieron, para burlarse de los miles de estafados por su comportamiento como banqueros.
Debemos ponerle ojo a la corrupción en su conjunto y a la impunidad como un todo, por lo que este caso es también fundamental para la ciudadanía.
