De los 30 partidos políticos vigentes, 27 firmaron el Acuerdo Nacional que busca que las organizaciones políticas se comprometan a realizar campañas electorales sin violencia y con “valores democráticos”, lo cual fue propuesto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Cabe mencionar que las agrupaciones Podemos y el Partido de Integración Nacional (PIN) no acudieron a la convocatoria que fue hecha por el órgano electoral, mientras que el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) se presentó pero públicamente se negó a firmar el acuerdo.
Los partidos políticos que firmaron el acuerdo son:
2. Valor.
3. TODOS.
4. Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG-Maíz).
5. Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
6. Partido Unionista.
7. Bienestar Nacional (BIEN).
8. Visión con Valores (Viva).
9. Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
10. Compromiso, Renovación y Orden (CREO).
11. VICTORIA.
12. Movimiento Winaq.
13. Vamos por una Guatemala Diferente (VAMOS).
14. Partido Humanista de Guatemala (PHG).
15. Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
16. Prosperidad Ciudadana (PC).
17. Movimiento Semilla.
18. Unión Republicana (UR).
19. Partido Azul.
20. Nosotros.
21. Cabal.
22. Cambio.
23. Partido Popular Guatemalteco (PPG).
24. Partido Republicano.
25. Comunidad Elefante.
26. Mi Familia.
27. Partido de Oportunidades y Desarrollo (Poder).
VOS CRITICA ACUERDO
Durante la firma del acuerdo propuesto por el TSE, el secretario general de VOS, Carlos Bezares, frente a los magistrados y las agrupaciones políticas se negó a firmar. Argumentó que el órgano electoral ha excluido políticamente a uno de sus candidatos.
“El espíritu real de la Constitución era la participación política de todos los actores del país y esto cada vez está siendo más dañado, utilizando el derecho como forma de exclusión política. No hay que ser genios para ver que a la oposición se le está vedando el derecho de participar y al elector se le están vedando el derecho de elegir a sus candidatos”, expresó Bezares.
Asimismo, indicó que como partido jurídicamente categorizan de “eufemismo” hablar de campaña transparente y de no agresión, cuando el TSE está aplicando de “manera asimétrica” la inscripción de candidatos señalados, pero a “ciudadanos que han demostrado ser la oposición de este país, tal es el caso de Aldo Dávila, se le niega la inscripción”, agregó.
AGUILERA: LAS RESOLUCIONES ESTÁN APEGADAS A DERECHO
Respecto a los señalamientos del partido VOS, el magistrado Gabriel Aguilera aseguró que las resoluciones emitidas por el pleno están apegadas a derecho.
Durante el juicio, el #MP presentará prueba documental, testimonios, declaraciones de peritos, entre otros medios. Aquí más detalles del caso ⬇️ https://t.co/hc7k2JXFzC
— Diario La Hora (@lahoragt) April 11, 2023
“Sin hacer referencia a ningún partido, yo creería que las resoluciones que se han tomado son conforme a derecho. No se ha tratado con ningún tipo de preferencia a ningún partido, todo se ha resuelto conforme a derecho”, indicó.
Al cuestionar sobre las inscripciones de los candidatos que han tenido denuncias, antejuicios y procesos en otros países, Aguilera expresó: “Se han visto algunas resoluciones que han surgido del pleno de magistrados, relacionadas en estos casos. Las resoluciones son públicas y se toma en cuenta que la Constitución Política de la República establece ciertas limitantes, y como magistrados debemos de cumplir con los requisitos”.
SOBRE EL ACUERDO
Según informó el TSE, el acuerdo busca proponer una “cultura de paz”, evitando cualquier tipo de agresión física o verbal, así como campañas de desprestigio y desinformación.
Además, que los partidos políticos desarrollen campañas basadas en el debate de ideas y propuestas, con respecto a las organizaciones y a los candidatos, afiliados y simpatizantes, evitando insultos y ataques personales.
También contempla no utilizar recursos y bienes públicos para la propaganda electoral a favor o en contra de alguna candidatura, así como garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos y privados de las organizaciones políticas.
