Creo que todos hemos venido notando, desde hace ya décadas, el deterioro de la llamada clase política y de lo que la gente entiende como función política, puesto que cada vez es menos importante el análisis y la propuesta para los graves y evidentes problemas del país, mientras que todo gira alrededor de populismo barato y propaganda para engañar al votante. Para empezar, tenemos una Ley Electoral que le prohíbe a las figuras públicas abordar los temas de interés nacional mientras no esté hecha la convocatoria a elecciones, situación que únicamente ocurre aquí porque, mundialmente, quienes aspiran a desempeñar un puesto público lo hacen abordando la problemática nacional.
Pero llegamos al colmo cuando resulta que un “político” manifiesta preocupación por la situación del país, especial y concretamente en el tema de la cooptación de la justicia y la criminalización de los críticos del régimen y no solo se pide que se le retire el antejuicio del que goza como candidato, sino que además se le inicia proceso penal porque, según la autoridad, criticar la forma en que se maneja la justicia implica el delito de obstrucción a la labor de jueces y fiscales.
El país se encuentra en uno de los peores momentos de su historia y uno esperaría que el debate político se centrara en cómo vamos a salir del régimen de corrupción e impunidad que alienta el mal uso de los recursos públicos, lo que se traduce en falta de inversión no solo en infraestructura presentable, sino en temas puntuales como salud y educación. Ello significa que nuestra gente es privada de las herramientas esenciales para hacerle frente a la vida y por ello vemos esa migración incontenible que divide a tantas familias, pero que, al fin de cuentas, sostiene la economía nacional.
El papel que juegan los organismos del Estado en esta crisis debe ser objeto de un serio debate político para elaborar propuestas que permitan salir del atolladero. Sin embargo, ello no se podrá porque si alguien cuestiona algún proceder, se le señalará de algún crimen. La semana pasada, el fiscal Curruchiche dijo que Edmond Mulet se tenía que dedicar a la política y no a andar haciendo peticiones (derecho consagrado en la Constitución) que él considera campaña anticipada.
Y es que, como él, muchos guatemaltecos han aceptado que la política es el arte de andar pidiendo dinero al crimen organizado para financiar campañas que permitan comprar votos, de manera que se abra la puerta de esa enorme arca que es el erario público. Ya damos por sentado que el político participa para meterse a la rosca que se aprovecha de todo y nadie está esperando, de ninguna figura, una propuesta para salir de ese pantano que es la corrupción sistémica.
Creo que los ciudadanos tenemos la obligación de hacer un alto en el camino y pensar qué esperamos nosotros de los políticos. ¿Los queremos calladitos y dependiendo de vacías canciones y trilladas frases populistas o buscamos a alguien que tenga el valor y la entereza de señalar la dura situación del país y haga propuestas convocando a la ciudadanía a un movimiento de reforma?
No olvidemos que los políticos son y serán lo que nosotros, los ciudadanos, aceptemos que sean. Si no exigimos algo distinto y nos desentendemos de los vicios existentes, alentamos prácticas que nos llevarán aún a peores condiciones.
