Las acciones que se vienen tomando, específicamente en los temas de libre expresión y derecho de petición que asisten a todos los ciudadanos del país, confirman que el régimen va para imponer la norma de que en Guatemala todos debemos ser ciegos, sordos y mudos, sin derecho a objetar en lo más mínimo lo que disponga la autoridad. Salvo un reducido núcleo de aliados que reciben información privilegiada, que trasladan por las redes sociales, el resto de los guatemaltecos está viendo limitado su derecho a saber y, consecuentemente, a actuar, lo que hace desaparecer por completo cualquier resabio de democracia.
El colmo es que hasta a los candidatos a cargos de elección popular se les persigue por opinar y ejercer el derecho de petición y se les dice que los políticos deben dedicarse a lo suyo y no meterse en esos asuntos. En otras palabras, que se dediquen únicamente a recolectar dinero, situación en la que el narcotráfico opera a todo vapor, para financiar campañas y comprar votos, pero que no tengan la osadía de implicarse en los asuntos fundamentales de la vida nacional, como es el Estado de Derecho y el respeto a los derechos constitucionales.
El país se encuentra en una terrible encrucijada por el sólido avance de una dictadura que ha logrado el control de todas las instituciones y que se ha propuesto eliminar cualquier atisbo de oposición y hasta de simple señalamiento de la realidad. Pero de acuerdo con las autoridades, hablar del tema y, no digamos, actuar en contra mediante el ejercicio del derecho de petición y libre expresión, se convierte en una acción para “obstruir la justicia”, esa que en Guatemala dejó de existir hace buen tiempo.
Ni jurídica ni lógicamente tiene sustento la aberrante tesis de que no se puede hablar de los temas ni se puede pedir que cese la persecución a los ciudadanos. Opinar y pedir son derechos sagrados sin los cuales no existe la ciudadanía, pero en la Guatemala de hoy, que honestamente no tiene muchas diferencias con Nicaragua (salvo la cara de Daniel Ortega), es un grave delito tratar de ejercitarlos y el colmo es que hasta un político, que debe pensar y actuar con el futuro de la Nación en mente, puede quedar fuera si abre la boca.
Hemos sido un pueblo mayoritariamente silencioso y apagado, que acepta como normal esa expansión de la corrupción y del despotismo. Esa indiferencia ha sido el arca abierta para quienes se han propuesto exprimir al máximo al país, al punto de que nuestro atraso en infraestructura y generación de oportunidades es descomunal, sin entender que esos descarados abusos de poder nos pasarán, finalmente, factura a todos.
Es el momento que los ciudadanos más comprometidos, aquellos que desean hacer las cosas bien desde la empresarialidad, el trabajo y la cotidianidad, logren articular antes que sea demasiado tarde.
