En octubre del 2011 un grupo de personas, militares en situación de retiro, otras vinculadas a graves violaciones a derechos humanos durante el Conflicto Armado Interno y otros delitos de corrupción, se reunieron en una de las tantas sedes que tiene bajo su posesión el ejército y definieron una estrategia para la defensa de aquellas personas que, por el avance del sistema de justicia, estaban próximos a enfrentar procesos de investigación y persecución penal en el país. Por primera vez, criminales “de cuello blanco” iban a ser iguales (y lo fueron) ante la ley.
De esta reunión nacen varias estructuras que van a ir creciendo hasta alcanzar dimensiones de grupos paralelos dedicados a promover el odio, la violencia y por supuesto la instauración de un Estado autoritario, fascista, corrupto e impune. Una de estas estructuras paralelas y con prácticas del crimen organizado lo representa la mal llamada Fundación contra el Terrorismo, que desde su inicio está integrada por lo más dilecto de la criminalidad. Hijos de genocidas, acusados y sentenciados por el asesinato de Monseñor Gerardi, lavadores de dinero y testaferros de poca monta de asociaciones empresariales; han sido el denominador común de sus integrantes. Lo lamentable de este hecho, es que hoy, bajo la cadena guardiana de la oligarquía, los sicarios judiciales que componen esta fundación, tienen a su disposición los recursos públicos, que usted paga con sus impuestos, del Ministerio Público.
Junto a este tipo de fundación servil de los intereses de los grandes capitales, han llegado al poder político, un presidente acusado de ejecuciones extrajudiciales, diputados y diputadas sentenciados por delitos de conspiración para el tráfico de drogas, es decir narcotraficantes, corruptos a manos llenas, entre otras figuras de la fauna criminal que hoy por hoy tiene a la población en la peor de las crisis existentes en los últimos años. Pero lo más grave, es la conducción de un gremio empresarial, liderado por ocho grupos corporativos familiares que están en la toma de decisiones de política pública en el país y que por ende son los responsables de las graves condiciones de vida de la población, del deterioro democrático y de derechos humanos que hoy vivimos.
El objetivo central de estas mafias es restaurar un viejo orden, evidentemente pro oligárquico, que vuelva al viejo esquema que, en este país, si somos diferentes ante la ley y que ellos, los violentos, los impunes, corruptos y saqueadores si están por encima del Estado de Derecho y que este estará al servicio de sus privilegios. Esta restauración también servirá para beneficiar a la élite política y militar y por supuesto que a estructuras criminales traficantes de drogas, armas y personas.
Este gobierno de criminales está cerrando un ciclo de posibilidades de construir paz, democracia y derechos humanos y está tomando una nueva senda de construcción en donde la violencia, la impunidad y la corrupción serán el denominador común. Otro nuevo ciclo deberemos iniciar nosotros y nosotras, siempre desde abajo y por supuesto desde la izquierda.
