Álvaro Pop
En 1999 el Organismo Naleb’ lanzo su primera misión de observación electoral nacional. Este despliegue se realizó en coordinación de diversas organizaciones sociales, academia y comunidad internacional. A partir de entonces se ha trabajado por el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas especialmente desde la ruralidad, con las mujeres y los jóvenes y ha acompañado los procesos electorales presentando en sus Informes Nacionales al Tribunal Supremo Electoral recomendaciones para superar los problemas identificados en su tarea de veeduría.
Este esfuerzo desplegado a nivel nacional en cada una de las siguientes elecciones estuvo y aún está motivado por las limitaciones de participación de los Pueblos Indígenas en las dinámicas ciudadanas, políticas públicas, sistema político / electoral, especialmente de jóvenes y mujeres indígenas. La gravedad se demuestra en un sistema que le da la espalda a más del 40% de la población indígena según el último censo de población de Guatemala; se demuestra, entre otras áreas, en la falta de cobertura de educación bilingüe intercultural, la inversión rural y de salud en los territorios donde habitan los pueblos indígenas.
Durante este tiempo se ha documentado el poco o en muchos casos la nula participación en la toma de decisiones nacionales y en la elaboración / aprobación de políticas públicas de los Pueblos indígenas. El ejemplo más cercano fue la actualización de la política de seguridad alimentaria y nutricional aprobada por la SESAN en diciembre del año pasado violando el derecho de “consulta previa libre e informada” de la población más afectada (+70% de la población menor de 5 años en muchas zonas rurales e indígenas).
Un sistema político con herencias históricas de exclusión, sociedades nacionales con narrativas de estereotipos de minorización, ruralización, marginalización y limitaciones de los pueblos indígenas con respecto al resto de la sociedad en América Latina, particularmente notable en Guatemala.
La pobreza, las lejanías territoriales, falta de infraestructura de transporte, la falta de cobertura digital, la no utilización de los idiomas indígenas, analfabetismo y falta de información política en los territorios y regiones indígenas que potencializan la corrupción y poca transparencia en las acciones políticas.
La inexistencia de procesos consistentes y permanentes de formación ciudadana y dialogo regional sobre los derechos de los pueblos indígenas en la discusión y participación política ciudadana.
Ha sido afortunado que el Organismo Naleb’ haya encontrado la insistencia ciudadana (especialmente desde los jóvenes) para hacer de la democracia un ejercicio social y político con más inclusión de los Pueblos Indígenas superando la instrumentalización electoral que realizan los partidos políticos tradicionales.
Veinticuatro años después de iniciado estos esfuerzos nos encontramos con una sociedad política que ha retrocedido en muchos aspectos. Menciono algunos:
La corrupción se ha naturalizado. No solamente ha encontrado la manera de pervertir todos los sistemas de control, fiscalización y transparencia, sino sobre todo ahora se ve natural. Es la aspiración de muchos políticos que aún con antecedentes y condenas, demuestran perversamente que la ley se puede manipular tanto como a la autoridad.
La indiferencia ciudadana ante la manipulación política de las cortes. La muestra más clara es la no elección de los magistrados y la comodidad de mantener a los mismos más allá de cualquier explicación jurídica.
La persecución de todos los actores incomodos. Desde el ámbito local donde se persigue, condena, criminaliza y atenta contra la vida y la propiedad comunitaria que hace radio y comunicación social. Hasta la persecución y criminalización de comunicadores sociales de amplio reconocimiento internacional y nacional por su lucha anticorrupción; de funcionarios de la administración de justicia que han trabajado honestamente por cumplir con sus mandatos y responsabilidades; la limitación de la acreditación legal de organizaciones sociales; la descalificación de la cooperación internacional al desarrollo; la anulación de la agenda ampliamente consensuada de los Acuerdos de Paz, particularmente en lo que respecta a los derechos de los Pueblos Indígenas. Entre muchas maneras de quebrar la cultura democrática.
Enfrentar un proceso electoral con dudas, con incertidumbre ante las decisiones arbitrarias de inscripción de candidatos sin justificación legal constitucional, lo opaco de las decisiones de compras y contrataciones no ayuda a la confianza ciudadana por las futuras elecciones.
Pero, además, en un ambiente de desconfianza ciudadana, la injustificada firma de convenios de coordinación de una entidad que debe fortalecer lo SUPREMO de su cumplimiento democrático, constitucional y legal y por lo tanto no necesita ni del ejército, las cámaras empresariales ni de la universidad nacional para demostrar su capacidad. Necesita de decisiones éticas, legales apegadas a un Estado de Derecho constitucionalmente inspirado bajo intereses nacionales democráticos y legítimos.
Guatemala merece otra vida. Los hombre y mujeres que sobrevivimos a una economía de pobreza merecemos tener un rumbo y un horizonte con optimismo y certeza de bienestar.
¡Y es tarea de todos construirlo y hacerlo posible!
