Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.gt
@ppmp82
Lo peor que le puede pasar a una sociedad cuyos miembros luchan cada día por salir adelante, es mandar el mensaje de que algunos tienen avenidas especiales en las que pueden hacer lo que se les ronque la gana porque, hagan lo que hagan, nunca les tocará enfrentar las consecuencias.
Ese ha sido uno de los mensajes que ha mandado el Ministerio Público (MP) y para una sociedad en vías de desarrollo, que necesita proteger a su gente y que demanda inversiones sobre bases correctas, resulta clave que el ente investigador enderece el rumbo.
En algún momento del proceso, seguramente, los investigadores se han preguntado por qué la gente no está denunciando muchas cosas que suceden en la administración pública, pero es que hay un sentimiento generalizado que lo que recibe el MP se traslada en línea directa a Casa Presidencial.
Hay quienes expresan que eso no es así e incluso recuerdan que Consuelo Porras no era la favorita de Alejandro Giammattei para el cargo de Fiscal General. La traición a Allan Rodríguez, quien se expuso hasta ser sancionado, puso las barbas de Porras y Silvia Patricia Valdés en remojo, al punto que vimos a ésta maniobrar en la Comisión de Postulación en favor de la Fiscal General.
Además de esa sensación de “inseguridad” al denunciar, debemos sumar que el MP está dando la sensación que va tras temas que se han vuelto más personales que judiciales y por ello sería conveniente que revisen a detalles las actuaciones y expresiones de Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso.
Los videos del Jefe de la FECI y las expresiones de la fiscal en los juicios dan la sensación que no hay litigios en busca de la verdad, sino acciones preacordadas y determinadas que en nada abonan a las necesidades de justicia del país.
El MP ha expresado en sendos comunicados que es “autónomo” y lo ha dicho muchas veces cuando responde algo relacionado a Estados Unidos, pero de qué autonomía estamos hablando si Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla son fiscales de “facto” que llegan a dar órdenes a varias fiscalías.
El MP pide que se investigue a periodistas y columnistas porque estiman que sus conductas pueden caer en obstrucción de la justicia, pero no han movido un dedo para dar con las filtraciones que reciben los Netcenters y que permitan anticipar acciones que se dan.
Hay Netcenters y otros que generan terrorismo, que machacan a jueces y fiscales todas las semanas y no se les ha procesado por obstrucción a la justicia porque no procede, pues la libertad de expresión es un derecho que se debe ejercer con responsabilidad y verdad, pero un derecho sagrado del ciudadano al fin del día.
Ver que acusan a alguien por filtrar información y saber que no han querido o podido hacer nada con las filtraciones al Netcenter, manda esos mensajes de la “doble vida” en la que hablé en el titular.
Por mucho que se haya caminado en la senda que derivó hasta en sanciones para las cabezas del MP, siempre hay un chance de resurgir y en Guatemala hemos tenido casos de esos.
Si el MP quiere que el ciudadano denuncie, por ejemplo, cómo ahora están usando al Estado para pagar las plazas de los operadores de las campañas de aquellos que pactaron con el oficialismo, solo por mencionar uno de los miles de casos, los investigadores tienen que construir confianza con la ciudadanía y mandar señales claras de que el cordón umbilical con el Ejecutivo, el Congreso y la parte de las Cortes que controlan estos, se ha roto.
Sin duda alguna el ente investigador tiene elementos para mandar, vía acciones concretas, el mensaje de que las avenidas especiales en las que algunas autoridades transitan escoltadas y acompañadas por instituciones del Estado, se han acabado y solo así se podrá pensar en recuperar confianza.
Un MP que funcione para y por el ciudadano, es una pieza clave en la transformación de un país que amerita de sus ciudadanos la milla extra en busca de sostenibilidad, de una mayor generación de oportunidades que agreguen valor, empoderen a la gente y cierre las eternas brechas que se han generado.
