El 15 de febrero del año en curso el gobierno nicaragüense despojó de su nacionalidad a otros 94 opositores, medida que se agrega a otra similar que desterró y despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos. Al destierro y su condición de apátridas, a los 316 adversarios del régimen Ortega-Murillo se les agrega ahora el que sus bienes serán confiscados por el gobierno. El cargo para tan severas penas es la acusación de “traidores a la patria”. Al enterarme de esta acusación, recuerdo el malestar que cundió en México y en un sector importante de Morena, cuando un grupo de diputados de dicho partido impulsó una similar acusación contra los diputados y senadores de la derecha. Me refiero a los que bloquearon la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual buscaba el control público de la industria eléctrica. La iniciativa de declararlos traidores a la patria pronto fue desechada por la antipatía que generó entre partidarios y adversarios de la Cuarta Transformación.
Estoy convencido de que las medidas tomadas por el gobierno nicaragüense son un error político que se une a los errores que ha venido cometiendo en su trato con la oposición. Estas medidas lo están conduciendo a un aislamiento político incluso con sectores con los cuales eventualmente podría contar. Allí está el presidente chileno Gabriel Boric acusando de “dictador” a Ortega, el presidente colombiano Gustavo Petro declarando su solidaridad con los desterrados y despojados de bienes y nacionalidad y el presidente Alberto Fernández ofreciendo la nacionalidad argentina a los expatriados. En México, López Obrador ha mantenido silencio sobre este tema, aun cuando es evidente que mantiene una distancia con el régimen nicaragüense.
Detrás de la acusación de “traición a la patria” que ha esgrimido el presidente Ortega, se encuentra el uso del antiimperialismo, un elemento ideológico que en Nicaragua es particularmente importante. No en balde los sandinistas se autoconcibieron como un frente de liberación nacional porque su lucha fue contra una dictadura semicolonial impuesta por la invasión estadounidense (1912-1933). Ortega hace uso de un sentimiento nacional profundamente arraigado en Nicaragua en un contexto de asedio imperialista particularmente endurecido desde 2018.
El que haya sostenido esto en mi último artículo, me ha valido la observación de que no hay conexión causal entre la intervención estadounidense en Nicaragua y el carácter cada vez más autoritario del gobierno nicaragüense. No ha faltado quien me exprese que lo del antiimperialismo es algo del pasado o bien que lo del antiimperialismo no debe servir de excusa para defender los actos impresentables del gobierno Ortega-Murillo.
Discrepo de las primeras aseveraciones y concuerdo con la tercera.
Mi discrepancia con respecto a la aseveración de que la intervención imperialista es cosa del pasado radica en el asedio que ha sufrido Nicaragua desde 2018. Las grandes movilizaciones observadas a partir de abril de ese año, pese a que fueron provocadas por una impopular reforma a la seguridad social, no pueden desvincularse del acicate estadounidense a las mismas. Tampoco pueden ignorarse los efectos de la Ley de Condicionalidad de las Inversiones Nicaragüenses (la llamada Nica Act) promulgada por Donald Trump en diciembre de 2018 después de ser aprobada por el Congreso a instancias de personajes representativos de la ultraderecha republicana como Ileana Ros-Lehtinen y Ted Cruz.
La Nica Act se unió a las sanciones a funcionarios nicaragüenses previstas por otra ley, la Global Magnitsky Sanctions Regulations. Además de endurecer las sanciones a personajes afines al gobierno nicaragüense, la Nica Act también legalizaba un bloqueo financiero a Nicaragua. El bloqueo financiero se vio endurecido a su vez, con la Ley Renacer promulgada por el presidente Joseph Biden en noviembre de 2021. Esta ley arrecia el bloqueo al acceso a préstamos de organismos financieros internacionales y busca sacar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana. Finalmente hay que mencionar el bloqueo a la industria nicaragüense del oro en octubre de 2022 (uno de los principales ingresos de Nicaragua) y la suspensión de visas estadounidenses a 500 funcionarios o partidarios del régimen.
La intervención estadounidense en Nicaragua también está presente en la oposición al gobierno Ortega-Murillo. Todas las organizaciones empresariales, estudiantiles y políticas que en 2018 formaron la “Alianza Cívica por Nicaragua” han recibido financiamiento de parte de la National Endowment for Democracy y la USAID. Y las revelaciones hechas por Wikileaks muestran que la inmensa mayoría de las figuras opositoras han mantenido una relación fluida con la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua proveyéndole información y ganándose su apoyo para desplazar por el medio que sea al gobierno Ortega-Murillo. Resulta revelador que ultraderechistas republicanos como Ted Cruz, Marco Rubio e Ileana Ros-Lehtinen reciban a dichos opositores con el mayor de los entusiasmos.
Ortega ha esgrimido el antiimperialismo y lo ha usado para ganar hegemonía haciendo uso del aforismo de Ignacio de Loyola de que “en fortaleza asediada cualquier disidencia es traición”. He aquí la conexión entre el asedio imperial y el autoritarismo de Ortega. Independientemente del uso político que esté haciendo Ortega del sentimiento antiimperialista, hay que decir que, desde el congreso del FSLN de 1994, una de las diferencias entre los partidarios de Ortega y la disidencia sandinista fue precisamente las relaciones con el imperio. La Casa Blanca toma en serio dicho antiimperialismo. Ha fundamentado sus sanciones económicas no solamente en las violaciones a derechos humanos y autoritarismo de Ortega, sino también en sus relaciones con Rusia y China. Pero en efecto, la simpatía con su antiimperialismo no debe oscurecernos el hecho de que el gobierno nicaragüense está haciendo cosas que no podemos apoyar.
