Samuel Flores
Con 14,491 denuncias de extorsión registradas en Guatemala hasta noviembre de 2022, este fenómeno delincuencial es el principal azote que afecta a comerciantes, familias y emprendedores que buscan generar ingresos de forma honrada para mantener a sus seres queridos.
El delito de las extorsiones en Guatemala afecta el territorio nacional, su expansión se inició con el surgimiento de gavillas o bandas criminales que operan en todos los barrios luego de la firma de los acuerdos de paz en 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú.
Sin embargo, en la década de los noventa los asesinatos/homicidios; las decenas de bandas de secuestradores encabezadas por la banda “Agosto negro”, “los Pasaco” y otras, así como los asaltos a agencias bancarias eran los principales delitos que azotaban a la sociedad guatemalteca. La extorsión era poco practicada en esa época por los grupos criminales en cinturones de pobreza de las zonas urbanas del país. Hacia 1997 el Servicio de Investigación Criminal, SIC, de la PNC, golpeó a 56 bandas de secuestrados, desarticuló 37 bandas de plagiarios, y más de 37 agencias bancarias a nivel nacional habían sido asaltadas. Es indudable que las acciones impulsadas por Arzú y su viceministro de Gobernación, Salvador Gándara, fueron insuficientes para detener la expansión de los delitos señalados.
Hacia la década del 2000, se registró la verdadera expansión de las bandas delincuenciales dedicadas a la extorsión. Recibir una llamada de un desconocido que intimida y exige una fuerte suma de dinero a cambio de no hacer realidad sus amenazas en contra de cualquier miembro de la familia, es una de las preocupaciones más grandes de los guatemaltecos.
Hasta el 2004, la extorsión era un delito de poca incidencia con menos de 800 denuncias anuales. Es a partir de 2005 que se registra un leve –pero constante incremento- sumando más de 2,000 registros anuales. De 2008 en adelante se muestra un aumento drástico, llegando a la cima más alta en 2010 con 9,500 denuncias interpuestas por los afectados ante el Ministerio Público. Las principales denuncias fueron interpuestas por transportistas, comerciantes, familias individuales, y a los guatemaltecos honrados y trabajadores.
Este delito no ha sido frenado por las fuerzas de seguridad, y un 80% son ejecutadas por reclusos desde el interior de los centros de detención y cárceles.
De acuerdo con el informe Guatemala: extorsiones anuales registradas 2015-2022, de Asociación Diálogos, este fenómeno se incrementa y desde 2015, cuando se reportaron 5,151 denuncias de extorsión, subió a 6,759 al año siguiente. Sólo en 2019 se registraron 15,945 denuncias lo cual evidencia que es un delito en constante expansión.
Es necesario que las fuerzas de seguridad impulsen planes de seguridad para combatir este flagelo que frena el comercio y oportunidades de superación de guatemaltecos emprendedores, trabajadores y honrados.
