Las comisiones de la Defensa Nacional, Derechos Humanos y Constitucionalidad, deberán estudiar a fondo y determinar si es o no procedente reactivar la pena de muerte, para llegar la ejecución letal a criminales que han cometido crímenes considerados de lesa humanidad. Sin embargo, la pena de muerte, no cambiaría la violencia que asola en el país, que en los últimos años se ha incrementado, por la incapacidad del Ministerio Público, de las fuerzas de seguridad y la mora judicial que por años tiene el Organismo Judicial. Todos los centros penales han rebasado su capacidad y son millones lo que cuesta al Estado la manutención de más de 26 mil que guardan prisión en los 22 centros, que con escaso personal tiene bajo control, el sistema penitenciario.
En el gobierno de facto de Enrique Peralta Azurdia, se modificó el código penal y se crearon auditorías de guerra con el fin de juzgar en un período corto, aquellos criminales que sembraron el terror y de comprobarse el crimen, se ordenaba su fusilamiento al denegarse el recurso de gracia. El autor de esta opinión, siendo redactor del Prensa Libre, cubrí la fuente judicial y fusilamientos en lo que antes fue la penitenciaría central, que hoy son los edificios que albergan la torre de Tribunales y Banco de Guatemala. El fusilamiento fue sustituido por la inyección que se ha aplicado en las últimas condenas a muerte.
En 2017 la Corte de Constitucionalidad, resolvió declarar inconstitucional la pena de muerte en varios delitos. En el Congreso en varias ocasiones se ha intentado reactivar la pena capital por iniciativa de la hoy aspirante presidencial Zury Ríos, pero no encontró consenso entre sus colegas y su iniciativa se engavetó. Ahora a instancias del presidente Giammattei, a raíz de la muerte violenta de una menor de 7 años, el mandatario sugirió a los diputados reactivar la pena capital, diciendo que no le “temblaría la mano” para rechazar cualquier indulto o recurso de gracia.
En razón a la pretensión del funcionario, el Congreso, cursó a las referidas comisiones, el ante proyecto para que lo estudien y dictaminen si procede o no a implementar nuevamente la máxima pena, que creemos que de llegar al patíbulo a los criminales, esto no resuelve el problema de fondo y si la incapacidad de la policía, para erradicar la criminal no toma en serio su función: combatir el crimen organizado que a diario cobra vidas en todo el país.
En 2004 se derogó el decreto 159 que regula el indulto y obligaba al presidente, suspender la ejecución. Ahora serán las comisiones señaladas que tendrán que someter a un análisis profundo si procede o no en época electoral, reactivar la pena de muerte, porque en torno a ese tema existen vacíos legales que previamente tienen que ser superados. El procedimiento de fondo, denunciarlo al pacto de San José, pero estamos seguros que los grupos que pugnan por el respeto incondicional de los derechos Humanos, estarán en contra que en Guatemala, se reactive la pena de muerte, como lo han manifestado, cuando este candente tema se pone en discusión o rechazo.
