El proceso electoral ya inició con el llamado a la inscripción de candidaturas del Tribunal Supremo Electoral el pasado 20 de enero. Observando lo que ha acontecido antes de ese llamado y posterior al mismo, no podemos dejar de apuntar que la violencia se muestra como una herramienta que está siendo utilizada, en todos sus sentidos. Ha habido intimidaciones verbales, telefónicas, las redes sociales se han vuelto un patio de linchamiento virtual, han existido intrusión en las sedes de partidos, amenazas a precandidatas y precandidatos, como es el caso de Brenely Enriquez en Santa Lucia Cotzumalguapa, y peor aún, han existido atentados y asesinatos.
Todo lo anterior ocurre frente a un tribunal pasivo y sin la fuerza suficiente para proteger el evento electoral y, frente a la mirada complaciente del gobierno. Los violentos ganan terreno en la mente del electorado y las propuestas no se ven por ningún lado, las coherentes y de interés nacional.
La ciudadanía tiene miedo de involucrarse en partidos que no sean el oficial o los que saben que son parte del Pacto de Corruptos, paradoja, porque la población está en contra de la corrupción, pero está consciente del daño que significa para ellos y su familia no apoyar a la vieja política. Trabajadores han empezado a levantar la voz, a sabiendas que se exponen, ejemplo de ello es una trabajadora del Hospital Japón Guatemala, ubicado en Puerto Barrios, que se atrevió a denunciar su despido injustificado de manera abierta y pública, ya están encaminados los procesos políticos y jurídicos para su reinstalación.
Es el mismo caso de los trabajadores de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla, quienes han denunciado abiertamente lo lesivo de un proceso de licitación para el arrendamiento de dos remolcadores, los cuales afectaría directamente sus puestos de trabajo bajo la excusa que tercerización no es no es lo mismo que privatización. Esto sin mencionar que es más barato comprar los remolcadores que arrendarlos. También trabajadores de esa misma empresa han denunciado que no ganan ni siquiera el salario mínimo, y que, si quieren elevar sus ingresos, tienen que, sobreexigirse productivamente, sin embargo, quienes trabajan en el área administrativa y no pueden trabajar a destajo, solo ganan 2,200 quetzales. Nos referimos a los trabajadores y trabajadoras clasificados como –A.
El miedo ha sido instalado por el sistema en nuestras cabezas y nos hace tomar decisiones para proteger nuestras vidas o, nuestra sobrevivencia. Toda vez no lo venzamos, seguiremos siendo esclavos de quienes no solo han tomado el poder olvidándose de nosotros, sino que además han confeccionado un Estado a la medida de sus ambiciones.
Está llegando el momento de hablar, de decir, de proponer, tenemos profesionales, obreros, personas que tienen mucho que decir para encaminar el país hacia un derrotero de progreso y desarrollo. Entre otras cosas, debemos empezar por denunciar, y, en segundo lugar, luchar contra la corrupción. Si le quitamos a los ladrones el dinero que se roban y se lo damos a la población en salarios, servicios, infraestructura, escuelas, y demás inversiones, el país empezaría a cambiar.
