Tal y como se venía advirtiendo, el trámite de la inscripción de candidatos a los principales puestos de elección popular está siendo objeto del trato que se había previsto, en el sentido de que aquellos aspirantes que pudieran ser desagradables o inaceptables para la alianza oficialista que tiene el control de todas las instituciones, verían rechazada su inscripción. De momento se ha denegado el derecho a participar a Thelma Cabrera y Jordán Rodas, candidatos a Presidenta y Vicepresidente, ambos postulados por el Movimiento de Liberación de los Pueblos.
Procesos penales y el famoso finiquito serán piezas clave en esta etapa inicial del proceso electoral convocado por un Tribunal Supremo Electoral que no se preocupó, en absoluto, por ganarse el respeto y, sobre todo, la confianza de los ciudadanos mediante actitudes que hicieran evidente su absoluta independencia del poder fáctico que acapara el control institucional. La Contraloría de Cuentas fue, desde que se vivió el proceso de postulación, importante para el oficialismo porque sabían que allí habría un instrumento para el logro de sus fines.
En este momento es el MLP el que está sufriendo el rechazo, supuestamente por la falta de finiquito de quien fuera Procurador de los Derechos Humanos, no obstante que Jordán Rodas ha mostrado que disponía de esa certificación al terminar el año, lo cual mostró a los medios nacionales e internacionales. Pero el problema no es únicamente el suyo, sino la facilidad que tiene el sistema para impedir cualquier candidatura que pueda resultar peligrosa para sus afanes, puesto que basta una denuncia como la que hizo el actual PDH o una sindicación que haga el Ministerio Público, para que se le ponga freno absoluto a quienes desean operar contra el modelo.
En Guatemala prácticamente todo el que haya desempeñado un puesto público administrando fondos públicos puede recibir tachas de una Contraloría que, al final de cuentas, no sirve más que para eso, porque para control de la corrupción está totalmente pintada. No digamos que cualquier ciudadano particular, que no haya operado nunca en política ni en la función pública, puede toparse con algún caso fabricado de forma exprés, como ya se vio en muchos casos, por un Ministerio Público que, igualmente, ya mostró cómo puede acelerar o retrasar acusaciones, según sus intereses.
La Conferencia Episcopal dijo en un comunicado que “es posible aun en estas circunstancias un proceso honesto y transparente, justo cuando el Tribunal Electoral y sus dependencias empiezan a mostrar qué tanto les interesa la verdadera democracia en la que pueda darse una elección sin la tacha de aquellos vicios del pasado.
