Como candidato presidencial fuera del país, afirmo una vez más que el proceso electoral actual es inconstitucional, porque el voto en el extranjero está castrado, al establecerse que podrán votar sólo ciudadanos y ciudadanas con DPI registrados en quince ciudades de EE. UU. –el resto de ese país, en donde hay guatemaltecas y guatemaltecos en todos los Estados, y el resto del mundo, sufren discriminación electoral– y, aún peor, como establece absurdamente la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no puede votarse para miembros del Congreso y Parlacen. Es comprensible que no se vote para corporaciones municipales –aunque en algunas municipalidades del país la contribución migrante es más determinante que lo que aportan los vecinos o hacen sus autoridades– pero es absurdo que no se puedan elegir diputados y, mientras exista el Parlacen, sus parlamentarios.
Desde el 2000, he insistido en el derecho de la ciudadanía fuera del país a elegir y ser electo o electa sin restricciones, considerando que se trata de un derecho humano fundamental, que se ha negado por capricho y por aritmética electoral. Cuando en representación de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala exigíamos el voto en el exterior, no encontrábamos eco entre los actores políticos, ni siquiera de quienes se ubicaban en la izquierda, porque no se sabía a qué fuerza política iba a favorecer ese voto. Ese desinterés se ha mantenido hasta la fecha, pese a que nadie se atreve a negar que en el exterior no se pierde el derecho a elegir y ser electo o electa que la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos afirman. Cuando propusimos hacer efectivo el distrito electoral veinticuatro, como espacio electoral para ciudadanas y ciudadanos en el extranjero –con los mismos derechos de las y los ciudadanos al interior del país residentes en los veintitrés distritos ya existentes– solamente el diputado Aldo Dávila asumió la causa como propia, sin que el Congreso conociera iniciativa alguna, el TSE admitiera el reclamo y la CC reconociera que su labor es hoy ajena a la defensa de la Constitución. Ahora, no hay voluntad para el nuevo distrito. Hay muchos aspectos del voto en el extranjero, no obstante, que pueden y deben ser mejorados inmediatamente e implementarse a corto plazo. En primer lugar, hay que generalizar el voto a todas las Embajadas y consulados en el mundo –el TSE autorizó con documento a residentes en Chile a votar en la ciudad de Santiago; pero nadie sabe cómo se puede hacer, por falta de instrucciones. ¿Es autorización válida? Si la es, debe homologarse en el mundo entero; si no la es, se trata de “mentira oficial”. Abogamos por su validez, lo que implicaría brindar información urgente a la totalidad del Minex y la diáspora, así como garantizar que toda la ciudadanía en el exterior reciba DPI, para poder registrarse con fecha límite el 23 de marzo. Al 10 de enero había setenta y cuatro mil empadronados en el exterior; pero esperan DPI cuatrocientos veintiocho mil, sólo en EE. UU., casi seis veces la cifra actual. ¡Es imperdonable e inaceptable con el presupuesto enorme asignado a estas elecciones!
