Por: Adrián Zapata
Perú está convulsionado. Las protestas masivas aumentan y están presentes en Lima. Las protestas comenzaron en diciembre y el pasado 19 de enero llegaron a la capital. A estas alturas, las peticiones que plantean son básicamente cuatro: la renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia de la República, el cierre del Congreso, las elecciones generales anticipadas (que sean en marzo del año en curso y no en el 2024 como dicho organismo lo acordó el mes pasado) y una Asamblea Nacional Constituyente.
Esta semana, las protestas continúan en el país, tanto en Lima como en distintas regiones. La SUTRAN (Superintendencia de Trasporte Terrestre de personas, carga y mercancías), informó que “una decena de regiones en Perú se encuentran afectadas por, al menos, 74 puntos de carreteras interrumpidas, en las que se incluye a 18 vías nacionales.” El saldo de esta convulsión es trágico. “Desde que arrancaron en diciembre pasado, las movilizaciones se han cobrado la vida de más de 60 personas, 46 de ellas en enfrentamiento con las fuerzas del orden”.
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También murió un policía en los enfrentamientos.
Toda esta crisis de convulsión social la provocó la destitución de Pedro Castillo como Presidente por decisión del Congreso y el intento presidencial de disolverlo. Pero lo que ahora sucede no se puede explicar en términos tan simples. El análisis debe ser mucho más profundo. Castillo ganó a su oponente, la derechista Keiko Fujimori, por apenas 44,058 votos, menos del uno por ciento de diferencia. Las derechas en Perú se dedicaron a desgastar al Presidente. Fueron tantas las presiones que Castillo debió sustituir varias veces su Gabinete y había tenido que cambiar a cerca de 80 ministros. De Julio 2021 a la fecha, el Congreso intentó en dos ocasiones anteriores defenestrarlo. Finalmente lo lograron, en el tercer intento, a principios de diciembre pasado. La causa fue “permanente incapacidad moral”.
La Vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió la primera magistratura. Supuestamente, dicho personaje era de ideas más radicales que el izquierdista Castillo.
La naturaleza de esta crisis política es, cada vez más, la de una confrontación étnica. La exclusión social prevaleciente en Perú y la desigualdad que de ella se deriva, le están pasando la factura al Estado. No son las contradicciones de clase las principales, aunque sin duda existen. Castillo no impulsó una reforma estructural. Su planteamiento programático de mayor profundidad, que era “La tan anunciada segunda reforma agraria (SRA) —que debería ser el eje orientador de la política agraria de Castillo— nunca despegó. En realidad, consistía en una serie de lineamientos que, en su mayoría, ya estaban contenidos en la Ley 30355, de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, promulgada en noviembre de 2015; esta ley tampoco ha sido implementada a pesar de tener un reglamento aprobado y un plan de acción. La SRA cumplió más el papel político de mantener en alto esperanzas y expectativas, que el de conducir a realizaciones concretas en favor de la agricultura familiar. Pero donde se puso a prueba la capacidad de la política agraria del gobierno fue en la crisis alimentaria.”.(CEPES, La Revista Agraria, No. 200, Perú, diciembre 2022). Este gobierno incluso llegó a negar que hubiera tal crisis en ese país.
En Perú, son los indígenas quienes están en las calles, enfrentando a un Estado que los excluye. Esa realidad debería ser un espejo para nosotros en Guatemala. El conflicto social en un país con población indígena significativamente alta, donde se mezclan la pobreza generalizada y la exclusión étnica, el resultado son procesos de convulsión social cuya solución es muy difícil.
Sin embargo, nos cuesta vernos en ese espejo. Me sorprendió escuchar a unos amigos, de derecha obviamente, quienes hace pocos días dijeron: “Lamentable todo lo que ha provocado un gobierno de izquierda en Perú”, “Pedro Castillo les vendió espejitos a los Peruanos”. Así piensan nuestras élites conservadoras. La insensibilidad empuja a la rebelión y la convulsión.
