En las primeras horas del año se reportaron seis muertes por accidentes de tránsito, lo cual nos coloca como uno de los principales desafíos de este 2023 el impulsar acciones y normas que tiendan a promover mayor seguridad vial, además de los cambios necesarios en temas de infraestructura para resolver dificultades en áreas donde el desbarajuste de las obras eleva los riesgos para quienes transitan. Pero, indudablemente, la certeza de castigo tiene que ser un ingrediente esencial en el tema, porque es la única forma de hacer entender a miles de pilotos irresponsables que sus descuidos o abusos tienen consecuencias graves.
En Guatemala es norma generalmente aceptada que cuando hay una fatalidad en el tema de tránsito se alienta y promueve el “arreglo entre las partes”, lo que significa que desembolsando una suma de dinero cualquiera se libra de la responsabilidad de un homicidio, sea culposo o doloso. El Ministerio Público hace, si mucho, investigaciones de pacotilla como las que hace cuando algún pobre albañil se cae de un edificio en construcción y muere. La vida termina valiendo tan poco que con unos cuantos billetes se finiquita lo que debió ser un proceso penal que acarree sanciones para quien no respetó las leyes de tránsito y provocó el percance.
Las policías de tránsito locales no tienen la preparación ni la disposición de convertirse en reales reguladores del tránsito porque los han convertido en generadores de ingreso, cobrando multas reales o sacadas de la manga y esa es la principal función que les interesa a sus superiores. No existe en todo el país ninguna entidad que se ocupe, por ejemplo, de estudiar por qué la Cuesta de Villa Lobos es escenario de tantos accidentes cada mes y nadie busca solución a lo que es un serio problema de seguridad vial, situación que se repite a lo largo y ancho de nuestra geografía porque, repetimos, el tema no es prioridad para nadie.
El irrespeto a las elementales normas de tránsito se ha vuelto la cosa más normal del mundo y por todos lados vemos gente que obstruye el tránsito, deteniéndose donde quiere, o rebasa donde no se puede rebasar, forzando a los pilotos que conducen con propiedad a hacer maniobras para evitar una colisión.
Los diputados ni piensan en el tema, mucho menos en buscar la asesoría de conocedores o indagar en la legislación de otros países para emitir leyes coherentes que puedan preservar vidas, a lo que se suma la falta de preocupación de jueces, investigadores y policías para detener la trágica ola.
