Víctor Ferrigno F.
Hace 26 años, se logró frenar la guerra fratricida con la firma de los Acuerdos de Paz, que contienen el consenso posible alcanzado en 1996 para conseguir el cese al fuego e iniciar la construcción de un Estado democrático y plurinacional de Derecho. En materia política hubo importantes avances, pero poco se logró adelantar en los ámbitos de la economía, la justicia y la cultura. Durante los dos últimos gobiernos se desarticularon los avances logrados, retrocedimos en todos los indicadores sociales y, con la pandemia y la corrupción a cuestas, entramos en una etapa regresiva que hace muy incierto nuestro futuro, en un lacerante clima de impunidad.
Esta época de Adviento es propicia para reflexionar sobre las causas que impidieron concretar lo pactado, para salir del régimen de injusticia, pobreza, exclusión, hambre y represión, que dio origen al Conflicto Armado Interno (CAI), lacras que ahora alimentan una nueva confrontación, aunque de otro tipo.
Como era lógico, la negociación se dio entre las dos fuerzas militares contendientes, pero la correlación de fuerzas no permitió articular cuatro factores imprescindibles para impulsar y sostener los Acuerdos de Paz. En primer lugar, no se construyó el sujeto político que asumiera dichos acuerdos como el programa político-social que nos permitiría avanzar hacia una democracia participativa, con justicia social y equidad. Cada sector social se centró en sus demandas inmediatas, sin asumir la defensa del conjunto de lo pactado, por lo que los avances fueron desiguales, parciales y débiles, constituyéndose en conquistas reversibles, cuando ya no se contó con el apoyo de la ONU y el resto de la cooperación internacional, particularmente de MINUGUA y la CICIG.
El otro factor fue la carencia de una base material que le diera sustento a los Acuerdos de Paz, pues toda transformación política requiere de recursos económicos y materiales que la viabilicen. El acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria fue, sin duda, el que menos transformaciones le arrancó a la oligarquía dominante, que se opuso sistemáticamente a las políticas agrarias, sociales, fiscales y de participación democrática para transformar la economía y el régimen de tenencia de la tierra, incrementando su capacidad de concentración y despojo de este medio de producción. Sin base económica no hay acuerdo político que prospere, pues se requiere transformar las relaciones sociales de producción para superar la desigualdad social y la exclusión, basamento de la pobreza y del hambre.
El CACIF, con su poder e influencia, ha sido históricamente un férreo opositor a las políticas fiscales que buscan equilibrar el ingreso. Así, la economía guatemalteca se ha mantenido inalterable en el último cuarto de siglo, inviabilizando las transformaciones sociales pactadas en 1996.
El tercer factor que limitó la concreción de los Acuerdos de Paz fue la carencia de un basamento jurídico sólido, que permitiera formular políticas públicas con un profundo contenido social, para poder concretar lo pactado. Dos intentos fallidos de reformas constitucionales, más innumerables iniciativas de leyes progresistas fracasadas, dan cuenta que los factores de poder no han permitido que los compromisos políticos negociados cuenten con normas, instituciones y políticas públicas para desarrollarlos.
El cuarto factor que ha sido determinante para impedirnos salir de las causas que generaron la guerra, es nuestra incapacidad para erradicar los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) que, reconfigurados en el Pacto de Corruptos, han cooptado y saqueado todas las instituciones del Estado, y ahora legislan, juzgan y gobiernan.
En ese contexto, y para poder avanzar, Guatemala necesita un rumbo claro y una perspectiva cierta, y no la tenemos. Requerimos de un programa de salvación nacional, en el que todos los sectores se vean incluidos, sin exclusiones ni privilegios. Vivimos tiempos difíciles que requieren del concurso de toda la ciudadanía, comenzando por delinear nuestro futuro de manera concertada, arribando a acuerdos posibles.
El próximo año electoral iniciará con fuertes cuestionamientos al gobierno, por la falta de dirección en todas las materias. Lamentablemente, de la actual clase política no se puede esperar que emanen directrices viables. Los partidos políticos ni pueden ni quieren sacar adelante al país; su interés es el enriquecimiento ilícito e impune.
Lo preocupante es que tampoco el empresariado ni el movimiento social organizado superan las visiones sectoriales, y sus propuestas no logran entusiasmar al conjunto de la ciudadanía. Lo mismo pasa con las élites religiosas, académicas y artísticas. Carecemos de liderazgos nacionales y, por ende, de propuestas globales; es hora de construirlas.
El asunto arriba descrito es conocido, el reto es definir qué hacer. Hay que partir de un debate nacional, en el que establezcamos quiénes somos, cómo estamos y hacia dónde debemos ir. Se dice fácil, pero no lo es. Por ejemplo, hay un sector urbano, clasemediero y ladino, que se niega a aceptar que somos un país multinacional, donde cohabitan diferentes Pueblos, con diversas cosmovisiones, culturas y lenguas. Si no nos asumimos como una sociedad diversa, no podremos delinear un futuro común, donde la interculturalidad –tolerante y respetuosa- sea la argamasa que nos afiance como un país unido en la diversidad.
Hay que comenzar por establecer que estamos mal y que a este infierno societario nos han llevado los modelos económicos, sociales, políticos y culturales que la clase dominante nos ha impuesto desde la Independencia.
Frente al libre mercado debemos plantear que la gente está primero y vale más que las mercancías, y que la vida está antes que la competitividad. Ante la depredación ambiental hay que defender a la naturaleza, como quien defiende su casa; debemos rescatar y dignificar la política –como el arte de hacer posible lo deseable- para contraponerla a las transacciones bursátiles, que han convertido al orbe en una bolsa de anti valores.
Es la acción consciente de la ciudadanía la que debe determinar qué modelo de Estado debemos construir, y establecer las características de los órdenes político, económico, social y cultural de nuestra nación.
Ya es hora que nos apropiemos de nuestro futuro, lo cual implica ejercer nuestro principal derecho: el de libre determinación.
