Marco Trejo
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) en lugar de ser visto como un ente “honorable”, más parece ser una cueva de “corruptos”, en la cual se encuentran funcionarios de poca credibilidad, quienes se han visto involucrados en actos que riñen con las leyes del país.
Se conocen casos que van, desde la compra de certificados de estudios, para llenar requisitos para ocupar los cargos, compras de propiedades en serie, renta de inmuebles, tráfico de influencias para que familiares ocupen plazas y realicen proyectos para beneficio personal. Situación que debe cambiar para poder pensar en unas elecciones limpias y que se respete la decisión del pueblo.
En otras magistraturas los altos funcionarios del TSE gozaban de credibilidad y reputación, algo que han perdido los actuales magistrados, quienes han sido señalados en actos reñidos con la ley y los ha puesto bajo la lupa del escrutinio social, por sus actuaciones poco transparentes.
La magistrada Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera, compró un apartamento, una bodega y tres parqueos en un edificio en la zona 10 de la capital, por un monto de US$250 mil. Al mismo tiempo el otro magistrado Ranulfo Rojas Cetina, también adquirió otro apartamento, dos parqueos y una bodega en la zona 14, erogando US$235 mil, cuyo valor está en los registros del Dicabi.
Alfaro Guerra de Nájera, exalcaldesa de Masagua y candidata vicepresidente, supuestamente puso como condueño de la propiedad a su esposo Rudy Haroldo Nájera Sagastume, ahora “flamante” gerente de Electrificación Rural y Obras en el Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Esta funcionaria ha ido brincando de partido en partido hasta convertirse en funcionaria del TSE.
A los dos magistrados antes mencionados se les suma Marco Antonio Cornejo Marroquín, quien también fue mencionado en la compra de títulos en la Universidad Da Vinci, donde fueron extendidos certificados de graduación anómalos, situación que fue confirmada por el Rector de la Casa de Estudios. Dichos documentos fueron presentados para optar a las magistraturas del TSE.
Rojas Cetina se ha salvado como “gato panza arriba”, de ser investigado en dos casos de corrupción, uno donde se intentó manipular la Comisión de Postulación, para seleccionar magistrados de la CSJ y de las Cortes de Apelaciones en 2014. Y el otro caso es el que se encontró una organización criminal que sustrajo al menos Q350 millones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el proceso penal es conocido como el caso Fénix.
Mientras tanto, Irma Palencia Orellana, presidenta del TSE, trató de limpiarle la cara a la institución al informar que es un hecho la decisión de no comprar el sistema biométrico para las elecciones del 2023, situación que fue bien vista por las organizaciones sociales, que es una muestra de transparencia y buena voluntad.
Por estas situaciones que he mencionado, el TSE tiene que enfrentarse a la falta de credibilidad, de cara al próximo proceso electoral del 2023, una responsabilidad muy grande, pero con todo lo que se habla y se dice del actuar de la magistratura en funciones, deben hacer un trabajo diferente y evitar tachas, porque la ciudadanía confía, en que se lleven a cabo unas elecciones, que sean ejemplo ante el mundo.
Es muy importante que los tres magistrados, quienes han sido señalados de no hacer las cosas correctas y que actúan como politiqueros, sean mesurados en sus actuaciones y que dejen por un lado sus intereses personales y que se dediquen a cumplir con el juramento que realizaron al asumir el cargo electoral. Qué se recuerden que se deben a la ciudadanía y no intereses oscuros.
En las últimas semanas, se ha hablado incluso de un posible “fraude”, situación que es muy aventurado hablarlo, antes de que el pueblo guatemalteco vaya a las urnas, pero lo que sí es importante es que se den las garantías necesarias, para que se deje por un lado el “fantasma del fraude”, algo que habían logrado otros magistrados que si gozaban de reputación y de simpatía, por su actuación a cargo de los procesos electorales pasados.
