En las izquierdas en América Latina se está discutiendo mucho el tema de la “Lawfare”, como estrategia de las derechas nacionales e internacionales para deslegitimar y luego criminalizar al “progresismo” en el continente.
En un afiche publicado por el partido MORENA en México, textualmente se dice que el lawfare “… es la judicialización de la política, utilizando de manera abusiva o ilegal, las instancias judiciales nacionales e internacionales (haciéndonos creer que es un “proceso legal”) para inhabilitar o provocar el repudio popular hacia una persona, partido o movimiento. Agrega que “… es una forma de acceso indebido al poder político sin utilizar las fuerzas militares, manipulando las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación.”. Citan, para muestra de esta estrategia, los casos de Dilma Rousselff y Lula Da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador.
La estrategia del lowfare tiene dos instrumentos para alcanzar el fin de revertir el progresismo. Uno son las cortes y el otro los medios periodísticos nacionales e internacionales. Esta es la mancuerna que ha hecho posible los éxitos que han obtenido. Los medios desprestigian, deslegitiman y hacen creíbles las resoluciones judiciales mediante las cuales se derrocan gobiernos y se destruye jurídicamente la participación política de los líderes.
En este contexto, se produjo la semana pasada en México un Foro donde participaron diversos representantes del progresismo latinoamericano, en el cual un joven diputado del partido Peronista de Argentina, al analizar este fenómeno afirmó que las derechas habían pasado del “partido militar” al “partido judicial”. Se refería, primero, a la época de las dictaduras militares donde las derechas nacionales e internacionales, aliadas con los Estados Unidos, habían tenido en los ejércitos de la región a los sujetos políticos para derrocar a los gobiernos progresistas y para reprimir con dramática crueldad cualquier intento de las fuerzas de tal tendencia ideológica por alcanzar el poder del Estado. Y, en el segundo caso, ahora los “partidos judiciales” son la opción para defenestrar jurídicamente a los gobiernos de izquierda que hayan llegado al poder utilizando los medios de la democracia liberal, así como para destruir judicialmente a los liderazgos que lo ejercían o estaban a punto de alcanzarlo.
En el contexto de este debate, el caso guatemalteco resulta muy pertinente. Las derechas guatemaltecas también transitaron del “partido militar” al “partido judicial”.
La oligarquía nacional en alianza con el poder imperial de los Estados Unidos instrumentalizó al ejército nacional para destruir las opciones revolucionarias que se manifestaban mediante la lucha armada, así como aquellas que se expresaban por medios pacíficos. En el marco de la contrainsurgencia el verdadero partido político fue el ejército guatemalteco para mantener la militarización del Estado y de la sociedad y conservar el statu quo. Y ahora, en un marco de democracia liberal, cada vez más formal y menos real, también han recurrido al “partido judicial” para darle continuidad a su dominación política. Sin embargo, en nuestro país hay particularidades relevantes que no pueden dejar de tomarse en cuenta y que presentan un fenómeno no típico al predominante en el continente. En el año 2015, aprovechando la descarada corrupción e impunidad imperante y tolerada secularmente en el país, se subieron sobre el descontento popular y derrocaron un gobierno que ya no le era funcional a los intereses empresariales y de los Estados Unidos, recurriendo a una estrategia que podría ubicarse en el marco de la lawfare. Y ahora, siete años después, habiendo logrado una cooptación de la institucionalidad estatal casi completa, continúan impulsando esa estrategia, utilizando el “partido judicial” para garantizar la continuidad de su control.
Sin embargo, hay características muy específicas en el caso de Guatemala. Una es la hegemonía que han alcanzado las mafias político criminales en la “alianza perversa” que impulsa esta estrategia. Y, dos, la veleidosa conducta de los Estados Unidos que mantiene un discurso que cuestiona la corrupción y la impunidad y, por lo tanto, realiza acciones puntuales que formalmente lo distancia de la aplicación en Guatemala de dicha estrategia.
A lo anterior hay que agregar la ausencia de un riesgo progresista en el país. O sea que, en Guatemala, la estrategia del lawfare tiene un propósito “preventivo”.
