Oscar Clemente Marroquín
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La Corte de Constitucionalidad resolvió rechazar el amparo provisional planteado por el expresidente Alfonso Portillo y dejó vigente la resolución del Tribunal Supremo Electoral que impidió la inscripción de la candidatura por carecer del requisito de honestidad que exige la Constitución, ello derivado de que el expresidente confesó en Estados Unidos que recibió dinero de Taiwán en un soborno para condicionar la política exterior de Guatemala mientras ejerció la Presidencia de la República.
Personalmente creo que si Portillo no puede participar porque el TSE puede calificar la honestidad, capacidad e idoneidad de los candidatos a cargos de elección popular, muchos de los que están inscritos tampoco podrían participar porque hay una serie de individuos que han aprovechado su condición de políticos para volverse millonarios, haciendo o facilitando negocios de toda clase que se traducen en el empobrecimiento de la población guatemalteca. Todos los que han pasado por la Presidencia en nuestro país están comprometidos con actos como el que se imputó a Portillo porque todos han sido sobornados por los taiwaneses que son de la peor calaña que hay en el mundo aunque en Guatemala haya todavía muchos inmorales que los elogian.
Seguramente que la exesposa de Colom, por ejemplo, se benefició del dinero que recibió su exmarido cuando también a él le untaron la mano para mantener el reconocimiento del Estado a la existencia de esa ficción que es el Estado de Taiwán.
Pero, además, están inscritos como candidatos personajes que han sido acusados formalmente, con pruebas contundentes, por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y que, sin embargo, podrán figurar en las papeletas y hasta resultar electos pese a la evidente falta de honestidad.
Puede sonar exagerado y hasta una barbaridad, pero todos los que están jugando a política con las reglas de juego existentes y no reclaman un cambio de sistema, son básicamente deshonestos porque saben perfectamente cómo se hace la política en el país y si se meten a hacerlo ellos es que quieren ser parte de la cochinada. Sobre todo cuando uno nota que de los candidatos nadie hace una seria crítica al sistema, lo cual es prueba más que suficiente para tacharlos.
Están todos aquellos que fueron parte de alguno de los gobiernos pasados y que o apañaron los trinquetes o los ejecutaron, pero no hay nadie que pueda zafarse diciendo que no hubo corrupción en el período en que fueron servidores públicos. Y quien vio la corrupción y no la atacó frontalmente, se convierte en cómplice.
Que no nos vengan los que fueron ministros de Finanzas a mostrarse como sorprendidos por lo de la SAT y la defraudación aduanera porque si no la vieron en su período fueron unos idiotas. Y como ninguno de ellos es totalmente idiota, hay que concluir que no quisieron ver lo evidente, no quisieron pelear contra lo obvio y terminaron siendo comparsas de los ladrones.
Si la ley se aplicara por parejo, como debe ser en un verdadero Estado de derecho, Portillo no debiera estar sólo en esa lista de los que fueron tachados por falta de honestidad. Si se aplicara a todos, no debiera obligarse al pueblo a elegir entre tanto sinvergüenza.