En el 2015, concretamente el 16 de abril, Guatemala se conmovió al conocer la investigación realizada sobre la corrupción en las aduanas que involucraba a la vicepresidenta Roxana Baldetti, sus principales colaboradores y dejaba en difícil posición al mismo presidente Otto Pérez Molina. Un arduo trabajo de investigación ejecutado por expertos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad, que ahora es vilipendiada, permitió que el Ministerio Público presentara un sólido caso que provocó que miles de guatemaltecos fueran a la Plaza Central a pedir castigo contra los corruptos.
Gente de todo estrato social se dio cita en esas concentraciones y en las mismas destacó la presencia de prominentes empresarios que, poco tiempo después, fueron señalados por financiamiento electoral y se convirtieron en paladines para acabar con la cacareada lucha contra la corrupción. La renuncia de Baldetti y luego de Pérez Molina ya es historia, como lo fue el inicio del proceso bajo la jurisdicción del Juez Miguel Ángel Gálvez, ahora en el exilio como muchos de los que fueron acusadores en ese sonado proceso.
El juicio involucró a muchas personas y ha sido uno de los más prolongados por esa razón y por las tácticas dilatorias implementadas por los sindicados que, desde el Zavala, venían trabajando con el gobierno de Jimmy Morales y aquellos empresarios para expulsar a la CICIG y cerrar el capítulo de la lucha contra la corrupción. Los dos colaboradores eficaces, Juan Carlos Monzón y Salvador González, soltaron tanta sopa que el modo operativo quedó más que demostrado, a pesar de esos esfuerzos que, sin embargo, rindieron fruto no solo con la expulsión de la Comisión sino el control del MP y la persecución al juez Gálvez.
Escribo esta columna antes de conocer el veredicto que se hará público el día de hoy, pero no tengo ninguna duda del rumbo que lleva el proceso en esta etapa final que se da cuando toda la planificación, cuidadosamente elaborada y ejecutada para establecer el régimen de impunidad en el país, ha dado ya abundantes y conocidos frutos. Uno a uno todos los casos importantes se han ido cerrando y la lista de los sindicados que ya fueron absueltos o se beneficiaron con el cierre de los casos es inmensa y no veo ningún elemento que me haga pensar que el veredicto no irá en esa misma dirección.
La corrupción es, ha sido y será, una realidad incuestionable que, lejos de disminuir, se exacerba cuando se tiene la certeza de impunidad y el control de toda la institucionalidad del Estado. Acabar con ese flagelo no es cosa sencilla por la colusión de intereses que hay entre poderosos políticos y particulares con tremenda influencia, para librarse de castigo por los delitos que cometieron, para enriquecerse unos y para asegurar su posición y poder los otros.
El mundo, y los guatemaltecos también, pudieron conocer la dramática realidad de lo que Jimmy Morales definió como normal al referirse a la “costumbre de corrupción” existente en nuestro país que, gracias al tremendo esfuerzo realizado por los implicados, quedará nada más como una anécdota dentro de nuestra historia con la garantía de que aquí, corre y va de nuevo.
